Denuncian en la CIDH la «criminalización» de las protestas laborales en Venezuela

Sindicatos y ONGs de Venezuela denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la "criminalización"de las protestas laborales en su país y la apertura de procesos judiciales contra sindicalistas.

En una audiencia de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), las organizaciones peticionarias criticaron la intervención estatal en los sindicatos, mientras que los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro compararon a los colectivos de los trabajadores con "mafias".

"Hoy, hacer huelga en la industria básica es un riesgo de perder la libertad", afirmó en la audiencia Marino Alvarado, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una de las peticionarias.

Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), explicó que el 37 % de los conflictos que han tenido lugar en Venezuela en los últimos cinco años se deben a motivos laborales.

El incumplimiento de las convenciones colectivas o las reformas de la legislación laboral son algunas de las razones que empujan a los trabajadores a protestar, sobre todo en el sector público, según indicó Ponce.

"La respuesta (del Gobierno) ha sido la criminalización de la protesta, la apertura de procesos judiciales a sindicalistas. Incluso se les ha aplicado la justicia militar", añadió Alvarado, quien también se quejó de la "política de intervenir en la vida de los sindicatos"que, a su parecer, practica el Ejecutivo.

El agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, que intervino en la CIDH en representación del Gobierno venezolano, afirmó que los sindicatos de su país "se han pervertido".

"No podemos permitir la perversión de los sindicatos y los trabajadores", declaró Saltrón, quien aseguró que en Venezuela "hay sindicatos que cobran a los trabajadores por conseguirles un empleo"y relacionó esta práctica con la muerte de algunos empleados, por lo que equiparó a los sindicatos con una "mafia".

El comisionado y relator especial para Venezuela de la CIDH, Felipe González, reprochó al representante gubernamental estas palabras y le recordó que "la descalificación no es la forma de proceder"de la comisión.

González pidió al Gobierno venezolano que indague en las causas de estas muertes, que se han producido en una "cantidad significativa", señaló, ya que el Estado "tiene el deber de conducir las investigaciones".

Según los datos del OVCS, 59 sindicalistas venezolanos fueron asesinados en 2013.