La ministra de Vivienda del Reino Unido, Rushanara Ali, ha presentado su dimisión, tras ser acusada de desalojar a cuatro inquilinos de una propiedad de su propiedad en el este de Londres con el objetivo de aumentar el precio del alquiler.

El caso salió a la luz tras una investigación periodística que reveló que Ali había notificado a los arrendatarios en noviembre de 2024 que debían abandonar la vivienda, alegando que planeaba venderla. Sin embargo, apenas unas semanas después, la misma propiedad fue puesta nuevamente en alquiler, esta vez por 4.000 libras mensuales, lo que representa un incremento de 700 libras respecto al precio anterior. La aparente contradicción entre el motivo del desalojo y la posterior subida del alquiler generó una oleada de críticas, especialmente por tratarse de una ministra encargada de velar por el acceso justo a la vivienda.

La decisión de Ali se produjo en medio de una creciente presión por parte de organizaciones benéficas, defensores de los derechos de los inquilinos y partidos de oposición, que cuestionaron la ética de su actuación y señalaron el impacto que este tipo de prácticas tiene en la confianza pública.

En una carta dirigida al líder laborista Keir Starmer, la ministra defendió haber cumplido con todos los requisitos legales en el proceso de desalojo, subrayando que no se había cometido ninguna infracción formal. No obstante, reconoció que la controversia generada por el caso podría desviar la atención de los objetivos gubernamentales en materia de vivienda. “No quiero que esta situación empañe el trabajo que estamos haciendo para garantizar una vivienda digna para todos”, escribió Ali, en lo que muchos interpretaron como un intento de preservar la imagen del gobierno laborista en un momento especialmente delicado.

Ali, que anteriormente había denunciado públicamente los abusos hacia los arrendatarios y se había posicionado como defensora de una política habitacional más justa, se vio envuelta en una situación que contradice sus propios discursos y compromisos. Durante su etapa como parlamentaria, había impulsado medidas para limitar los desalojos injustificados y regular el mercado de alquiler, lo que hace aún más llamativa la incoherencia entre sus palabras y sus acciones. Su renuncia ha sido interpretada como un reconocimiento tácito de esa contradicción.

La dimisión se produce en un contexto de crisis habitacional en el Reino Unido, marcado por un aumento sostenido en los precios de alquiler, una escasez de viviendas asequibles y una creciente preocupación por la estabilidad de los inquilinos. El caso de Ali ha sido especialmente sensible por su historial en la gestión del incendio de Grenfell Tower, una tragedia que dejó al descubierto graves fallos en la política de vivienda social y que ya había generado críticas sobre su liderazgo.