Dos personas podrían enfrentarse a la pena de muerte por los cargos de «homosexualidad agravada» en Uganda

Al menos tres personas permanecen detenidas en Uganda a la espera de juicio tras ser acusadas de violar la ley anti-LGBTIQ, una polémica cláusula aprobada hacia finales de mayo por el Parlamento e impulsada expresamente por el presidente Yoweri Museveni a pesar del alud de condenas de la comunidad internacional. Dos de los tres detenidos podrían hacer frente a la pena de muerte.

La legislación contempla penas de prisión de hasta 20 años por «promover la homosexualidad» y castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La norma es una versión revisada y más contundente de la Ley contra la Homosexualidad de 2014, que reforzaba las penas de prisión existentes por conductas homosexuales y prohibía la «promoción de la homosexualidad», pero que acabó siendo anulada por motivos de procedimiento.

Una joven de 26 años ha sido la última en entrar en prisión por permitir «actos de homosexualidad» en el salón de masajes que regentaba, confirmó la portavoz de la Policía de la región de Ssezibwa, Hellen Butoto.

Su caso se suma al de un varón de 20 años del distrito de Soroti, en el este del país, acusado la semana pasada por «mantener relaciones sexuales ilegales con un [hombre] de 41 años con discapacidad», según la portavoz de la oficina del director del Ministerio Público, Jacqueline Okui, en declaraciones recogidas por CNN.

Otro joven de distrito de Jinja, también del este de Uganda, fue detenido semanas antes por el mismo cargo de «homosexualidad agravada» tras haber mantenido presuntamente «un acto sexual con un niño de 12 años del mismo sexo», según Okui. Un cargo que implica haber cometido incesto, tener sexo con menores de edad, con personas con discapacidad o con ancianos.

El juez decretó prisión provisional para ambos, que comparecerán ante el tribunal en septiembre. Han pasado décadas desde la última vez que Uganda llevó a cabo una ejecución, sin embargo, Museveni había amenazado en 2018 con reanudar la aprobación estatal para la pena capital.

La norma ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, así como por organizaciones en defensa de los derechos humanos, y el Banco Mundial anunció que no destinará nuevos fondos al país africano.