Ecuador decreta el Estado de Excepción tras el asesinato a tiros del candidato presidencial

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en todo el país tras el asesinato tiros el miércoles del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, cuando salía de un acto en un colegio de Quito. La medida tiene como objetivo «garantizar la seguridad de los ciudadanos» y «la tranquilidad del país» en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra el 20 de agosto.

El magnicidio conmocionó al país en plena campaña electoral y puso de relieve la impunidad con la que opera el crimen organizado en un país carcomido por una plaga de violencia sin precedentes en su historia reciente. Eran las 18:20 en Quito cuando Villavicencio salió del centro educativo. Justo cuando abordaba su coche rodeado por sus escoltas, un desconocido se le acercó y disparó más de 40 tiros, que lo mataron e hirieron a varios miembros de su comitiva.

Las imágenes del atentado y los momentos de pánico que siguieron, con los presentes refugiados en el colegio y pidiendo a gritos la llegada de la Policía corrieron como la pólvora en las redes sociales y dieron fe, una vez más, de la impunidad con la que operan los criminales en Ecuador.

El presunto magnicida murió después en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, según indicó la Fiscalía, pero pocos en Ecuador dudan de que la suya no fue la acción de un lobo solitario, sino la de un sicario a sueldo de alguno de los grupos criminales que han proliferado y extendido sus tentáculos en todo el país en los últimos años. El propio Villavicencio había denunciado en los últimos días amenazas de muerte del delincuente conocido como «alias Fito», cabecilla de la banda de los «Choneros», a quien había acusado públicamente de diferentes actividades delictivas en connivencia con autoridades corruptas. «Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y de los Choneros, me van a quebrar», advirtió en televisión, pero se negó a hacerlo: «Aquí estoy yo, dando la cara; no les tengo miedo».

Villavicencio, de 59 años, había hecho de la lucha contra la corrupción en las instituciones por la penetración del crimen organizado la gran bandera de su campaña, en la que los sondeos le situaban por ahora sin opciones de alcanzar la presidencia. Fue uno de los congresistas que trató de salvar a Lasso de la maniobra de los partidarios del expresidente Rafael Correa por sacarlo de la presidencia que acabaron desembocando en un adelanto electoral, pero antes de entrar en política había desarrollado una larga trayectoria como periodista de investigación y activista anticorrupción.

En ese papel se convirtió en uno de los azotes de la presidencia de Correa. Sus denuncias contribuyeron a que este fuera finalmente condenado, aunque esquivó la cárcel fugándose a Bélgica, y a que su vicepresidente, Jorge Glas, fuera también condenado por delitos de corrupción por los que pagó cinco años de cárcel. Villavicencio había presentado recientemente una nueva denuncia sobre supuestas prácticas corruptas de Glas en la petrolera estatal.

Sus antecedentes como detractor de Correa llevaron a algunos a especular sobre una posible participación del correísmo en el magnicidio, pero la lista de sospechosos es amplia. A los «Choneros» hay que sumar al grupo «Los lobos», que difundió un vídeo atribuyéndose el asesinato de Villavicencio, aunque César Ricaurte, de la organización pro transparencia ecuatorian Fundamedios, señaló que «esos vídeos atribuidos a grupos delincuenciales no tienen ninguna credibilidad». A estas alturas, solo está claro que el crimen requerirá una investigación a fondo y la criminalidad está infiltrada a fondo en la política de Ecuador.

Lasso acusó: «El crimen organizado ha llegado muy lejos» y busca «amedrentar al Estado». Pero el todavía presidente descartó el aplazamiento electoral con el que se especuló en las horas posteriores al atentado y prometió que a los responsables «les va a caer todo el peso de la ley».

Todos los candidatos en liza condenaron el ataque. La correísta Luisa González, en cabeza en las últimas encuestas publicadas, manifestó su «indignación» y mostró sus condolencias a sus familiares. El mismo Correa, desde Bélgica, lamentó lo ocurrido en la red social X: «Ecuador se ha convertido en un Estado fallido. Dueles, patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo».

El asesinato de Villavicencio no es el primero que sufre un dirigente político ecuatoriano en los últimos meses. El 23 de julio, Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, murió tras recibir seis disparos en un ataque en el que también perdió la vida una jugadora de fútbol local. En febrero, fue Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de la ciudad costera de Puerto López. La violencia se ha convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos y en una plaga que ha regado de sangre el país, que en los últimos años ha registrado varios motines carcelarios que dejaron un saldo de decenas de muertos, mientras que Guayaquil vive a merced de las bandas que se la disputan a tiro limpio ante la impotencia e inacción de las autoridades.