El castigo de Putin a Europa dispara la inflación rusa al 15%

Después de que la UE acordase el lunes prorrogar por seis meses el principal paquete de sanciones contra Rusia por su papel en Ucrania, Moscú no ha esperado ni 24 horas para anunciar su respuesta, la prórroga del veto agroalimentario, pese a que su fecha de expiración no era aún inminente. El Kremlin prometió una respuesta recíproca a lo que calificó como «victoria del ‘lobby’ rusófobo en Bruselas» y el ministro de Agricultura, Alexander Tkachov, adelantó ayer detalles de la nueva lista de alimentos embargados a los países comunitarios. Entre ellos, destacan frutas, verduras, carne fresca y lácteos, a los que se añadirán algunos productos más, si bien no se esperan modificaciones sustanciales. «No habrá decisiones radicales, la lista es ya extensa», comentó, si bien dejó caer que podrían entrar los pescados en conserva. También se baraja la posibilidad de suavizar el embargo a los «alimentos estrella» de Grecia y Hungría, países que también votaron el lunes a favor de la prórroga de sanciones a Rusia (la aprobación requería unanimidad), pero cuyos gobiernos son los más críticos de los Veintiocho con la posición europea respecto a Ucrania.

Internamente, Moscú utiliza su potente aparato de propaganda para justificar los efectos de la respuesta a Europa, ese veto agroalimentario que supone un perjuicio igual o casi mayor para la propia Rusia que para los países vetados. Por una parte, se presenta como un éxito el embargo, exagerando su impacto sobre las economías europeas, llenando los noticiarios de datos sobre los despidos y pérdidas que causa. Por otra, se esconde bajo la alfombra el efecto bumerán, siendo el principal la galopante inflación registrada en Rusia en productos básicos de la cesta de la compra, sobre todo en los primeros meses. Una inflación estabilizada ahora en torno al 15% interanual y generada, dicho sea de paso, no sólo por la lógica dificultad para sustituir determinados alimentos en una relación calidad-precio competente, sino por la operación de rapiña de los distribuidoras nacionales, dando lugar a situaciones vergonzantes en algunas regiones que obligaron al Gobierno a intervenir temporalmente el precio de determinados productos.

Otra de las líneas de comunicación del Kremlin es presentar las sanciones como una oportunidad para desarrollar las industrias agraria y cárnica nacionales, abandonadas desde la caída de la URSS, para rebajar así el grado de dependencia exterior. Algunos empresarios, especialmente agrícolas, resultaron efectivamente beneficiados, al verse sin apenas competencia de la noche a la mañana, pero otros (en los sectores afectados por las sanciones europeas) salieron perjudicados. Sin embargo, casi todos apoyan en bloque la política del Kremlin, apelando al patriotismo. «Somos empresarios, pero en primer lugar somos ciudadanos de Rusia, y cuando se agotan los argumentos, entendemos que se impongan restricciones en respuesta», comentaba ayer Alexei Repik, presidente de la asociación Delovaya Rossiya.

Tras el discurso triunfalista del Kremlin, la realidad la marcan los datos macroeconómicos. Sólo en el primer trimestre del año la economía rusa cayó un 2,2%, por encima de lo previsto, un pronóstico ya de por sí pesimista, y se espera que cierre 2015 con una contracción del PIB de alrededor del 4%. Un factor inesperado que puede condicionar las cuentas estatales rusas de aquí a final de año es la resolución del caso Yukos, la mayor petrolera del país, expropiada por el Estado en el año 2003. Los antiguos accionistas denunciaron el caso ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que les dio la razón en su sentencia de julio de 2014, obligando a Moscú a pagar una compensación de 50.000 millones de dólares. Rusia recurrió la sentencia, pero algunos países europeos, como Francia o Bélgica, han iniciado el embargo provisional de los bienes rusos en su territorio.