El chavismo asalta el Supremo para blindar su inmunidad

El oficialismo designa trece magistrados del Tribunal Supremo diez días antes de perder su mayoría en la Asamblea venezolana.

Sin sorpresas y tratando de aprovechar los últimos días como mayoría en la Asamblea Nacional, el chavismo designó ayer a 13 magistrados principales y 21 suplentes para estar en el máximo tribunal venezolano. Después de dos días de intenso debate y con fichas afines al partido del Gobierno, se produjo el nombramiento de los nuevos funcionarios, que a todas luces fueron criticados por la oposición como ilegítima. «Estamos en presencia de un asalto desesperado, un acto de desmantelamiento de la institucionalidad del país. Esta sesión podríamos definirla como la sesión del miedo. El pueblo venezolano tiene que saber quiénes son estas personas, ¿cuentan con las credenciales? Fueron tan descarados que no guardaron ni la forma ni la norma constitucional para venir a nombrar de manera chimba a estos magistrados. Salen de ser diputados con clara vinculación política a ser magistrados. Acepten su derrota porque hasta para perder hay que tener honor, pero parece que eso no existe de aquel lado», sentenció el parlamentario opositor Andrés Velásquez. En respuesta, Elvis Amoroso, de la bancada oficialista, señaló que estaban actuando «en apego a la Carta Magna».

Los magistrados recién electos estarán en las salas de lo constitucional, penal, político-administrativa, civil, social y electoral. Hay de todo: diputados que salieron derrotados en las elecciones del 6 de diciembre, ex diplomáticos, ex jueces destituidos por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y hasta la vicepresidenta del organismo que se encarga del control de cambio en Venezuela.

No hubo mayoría cualificada en la designación de los magistrados, se hizo por mayoría simple y con la apisonadora chavista, aunque no es la primera vez que el partido de gobierno utiliza este método dentro del Parlamento. Muchos analistas aseguran que todo forma parte de una estrategia que busca el Gobierno nacional para blindarse ante uno de los poderes –el legislativo– que a partir del 5 de enero estará dominado por la oposición. Está previsto que en los próximos días, antes de finalizar el año 2015, los nuevos miembros del Tribunal Supremo presten juramento.

De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento de Interior y Debates del Parlamento, entre las funciones de una mayoría calificada (112 diputados) como la que obtuvo la oposición el pasado 6 de diciembre está la de destituir a los magistrados que nombró el oficialismo en sesiones extraordinarias, interpelar a los ministros y hacer leyes orgánicas, entre otras.

El diputado Julio Borges dio a conocer que todo lo que haga el chavismo en los días festivos y hasta el 5 de enero será derogado. «Sólo la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre podrá ejercer sus funciones constitucionales: legislar, controlar al Gobierno o reformar poderes», puntualizó. Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado reafirmó que todas las acciones tomadas por el chavismo serán revertidas. «Una Asamblea que fenece, un Tribunal Supremo de Justicia cómplice y un Ejecutivo que colapsa son evidencia de un régimen en fase terminal. No pueden contra la soberanía popular», sentenció Machado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha reiterado en diversas ocasiones que las funciones de la actual legislatura están vigentes hasta el 4 de enero a la medianoche, horas antes de que los diputados de la oposición tomen las riendas al ser mayoría. Pero fue el Tribunal Supremo de Justicia el que hizo que el viejo Parlamento pudiera seguir legislando hasta el último momento de la legislatura.

Otra de las acciones desesperadas ante la derrota obtenida en las elecciones parlamentarias fue la decisión por parte del oficialismo de establecer un Parlamento Comunal para «legislar con el pueblo». Según ha trascendido, esta instancia mantendrá su primera sesión un día antes de que tome posesión el nuevo parlamento, y lo hará en el Cuartel de la Montaña, el lugar donde reposan los restos de Hugo Chávez. Aspiran establecer una agenda que en clara oposición a las acciones de lo que denominan un «parlamento burgués» con mayoría opositora. Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora, consideran que esta decisión está fuera de la ley porque dicha figura legislativa no existe en la Constitución de la República de Venezuela. «Las personas que aparecieron para representar a ese parlamento comunal son las personas que salieron derrotadas por nosotros en todos los barrios del país», afirma una fuente de la MUD, que recuerda que la oposición ganó en los barrios pobres de Caracas, tradicional feudo del chavismo. «Este dato es una realidad que no puede ser modificada simplemente designando un parlamento comunal». Precisamente ayer, los ex magistrados venezolanos Cecilia Sosa Gómez y Román Duque Corredor denunciaron al presidente Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por el delito de rebelión civil ante la Fiscalía General de la República. En la denuncia aseguran que «no existe en la Constitución una norma que autorice ejecutar una especie de autogolpe, para impedir que se cumpla con la institucionalidad, en concreto a la Asamblea Nacional que ha de instalarse el próximo 5 de enero, amenazando impedir su instalación, arrebatándole sus competencias constitucionales y sustituyéndola por un espurio parlamento comunal».