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El chavismo revendió paquetes de comida a los pobres un 112% más caro

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México.

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26 de agosto de 2017. 04:09h

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México. 26/8/2017

El pasado 20 de agosto, la destituida Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, inició la huida de su país tras verse acorralada por el régimen chavista llevándose consigo documentos que podrían incriminar a las más altas esferas del Gobierno venezolano. Uno de esos documentos atañe directamente al presidente de país, Nicolás Maduro, a quien la ex fiscal vincula con una trama corrupta montada para enriquecerse con la miseria de los pobres. «Tenemos una investigación sobre las bolsas de alimento que se entregan en Venezuela, los CLAP, a precios bajos. Las CLAP fue el programa estrella del Gobierno chavista para acabar con la escasez. Sin embargo, la llegada de estos paquetes se retrasó en muchos lugares del país hasta el punto que el propio Maduro tuvo que aclarar que «estamos trayendo productos importados de varios países hermanos: Trinidad y Tobago, Colombia, México, Nicaragua y hasta Estados Unidos, el camarada Trump me está ofreciendo buen precio... ustedes se ríen, va a haber sorpresa». Y está habiendo sorpresas.

Una empresa mexicana que se presume que es de Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab», aseguró la ex fiscal ante los medios. La compañía a la que se refiere Ortega es Group Grand Limited, especializada en el transporte de alimentos de primera necesidad, aunque en realidad no es mexicana si no que está registrada en Hong Kong.

Group Grand Limited ha sido una de las empresas elegidas por el Gobierno chavista para distribuir los famosos CLAP entre los más necesitados. Dicha compañía comparte sede física con Fondo Global de Construcción, la cual proveía de materiales para otro de los programas sociales estrella del Ejecutivo: la Gran Misión Vivienda. Ambas empresas, según la ex fiscal, serían propiedad del empresario colombiano Alex Saab.

En el caso de Group Grand Limited llama la atención cómo ha podido prestar servicios al Gobierno sin contar con Registro de Información Fiscal ni estar inscrita tampoco en el Registro Nacional de Contratistas. Pero lo cierto es que, de acuerdo con la información desvelada por el portal armando.info, en octubre del 2016, la Gobernación de Táchira llegó a un acuerdo con esta empresa para importar 10 millones de cajas en los siguientes meses. Una operación de la que quedarían exonerados de pagar el IVA así como otros impuestos aduaneros.

En paralelo a estas operaciones otra jugada se estaba cociendo desde las más altas esferas chavistas. La crisis alimentaria impedía armar las CLAP en suelo venezolano. Fue entonces cuando desembarcó en México el empresario Samark López Bello, acusado recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por «jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional».

López Bello llegó a México en enero del 2017 representando a Postar Intertrade Limited, una empresa con sede fiscal en Barbados. Y en apenas una semana, de acuerdo con una exclusiva del diario «Excelsior», logró acuerdos con las principales marcas de supermercados mexicanos para empezar a exportar el producto. De acuerdo con el mexicano Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, el Gobierno suramericano pagó a empresas que operan en México 16 dólares por 11 productos básicos entre los que se encuentra leche en polvo, lentejas, harina de maíz, arroz, frijol negro, aceite, azúcar, pasta, mayonesa, salsa de tomate y atún enlatado.

Sin embargo, y aquí es donde viene el negocio, el Gobierno estaría revendiendo estos paquetes en Venezuela, a través de Group Grand Limited, a 34 dólares, es decir, un 112% más caro que en México. Desde comienzos de año han zarpado desde el puerto mexicano de Veracruz el puerto de La Guaira en Venezuela, cargamentos con 500 y 600 contenedores de víveres.

Durante el primer semestre del 2017, Venezuela compró a México 414.124 toneladas de víveres con los que armar los CLAP, consiguiendo desbancar a Estados Unidos como primer cliente de México en alimentos de primera necesidad. De hecho, el Gobierno estadounidense estableció ayer nuevas sanciones económicas a prohibiendo a cualquier persona o entidad realizar operaciones financieras con el Gobierno y la con la empresa estatal PDVSA.

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