Bucarest

El empresario y político Voiculescu condenado a diez años de cárcel por corrupción

Un juzgado de Rumanía ha condenado este viernes al empresario y político rumano Dan Voiculescu a diez años de cárcel por un caso de corrupción que ha durado seis años.

Voiculescu, que es uno de los hombres más ricos del país y el fundador del Partido Humanista de Rumanía, miembro de la alianza de izquierdas en el poder, ha sido procesado junto con otras 12 personas desde 2008. Todos ellos han sido acusados de la privatización de un Instituto de Investigación Alimentaria en 2003.

Voiculescu adquirió el instituto, que tenía a su nombre terrenos y edificios en Bucarest, por 104.730 euros cuando su valor real era de casi 8 millones de euros en el momento de la compra.

La Fiscalía ha pedido una indemnización de 60 millones de euros por los daños causados y para cubrir el incremento en el precio del instituto tras el 'boom' inmobiliario. También ha intervenido las cuentas familiares y las propiedades del condenado.

Voiculescu ha asegurado que la Fiscalía solo quería perseguirle y ha dicho en el juicio que el caso se basa en unas acusaciones falsas y ha mencionado que no hay evidencias de los delitos. También ha acusado al presidente, Traian Basescu, uno de sus mayores rivales políticos, de orquestar el caso contra él.

Voiculescu fue elegido dos veces como senador pero renunció en ambas ocasiones lo que provocó que el juicio se alargase, ya que en el caso de haber aceptado el cargo hubiese sido juzgado por el Tribunal Supremo pero sus renuncias provocaron que se reasignase su caso a tribunales menores.

Tras la apelación de la sentencia del año pasado en el que se le condenaba a cinco años de prisión, este viernes la Corte de Apelaciones de Bucarest ha reafirmado el veredicto y ha elevado su condena a diez años de prisión.

Rumanía, a la cola de los países de la Unión Europea en temas de corrupción, ha juzgado durante el 2013 a seis ministros y parlamentarios, cinco presidentes de diputaciones provinciales y a 34 alcaldes, jueces, abogados y presidentes de empresas por corrupción.