El Gobierno de Kirchner intervendrá el Grupo Clarín

El Gobierno argentino informó ayer al conglomerado de medios de comunicación más grande del país de que ha comenzado el proceso para tomar control de la compañía y subastar sus licencias. El Grupo Clarín es uno de los críticos más abiertos del Gobierno y ha tenido disputas con la presidenta Cristina Fernández durante años. La mandataria alega que la empresa es un monopolio corporativo, y ha fundado una red de periódicos y emisoras oficialistas para competir con el dominio de Clarín. Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA), dijo ayer que el Gobierno hará que el conglomerado y otras compañías cumplan con la Ley, que prohíbe a las empresas poseer demasiadas licencias de medios de comunicación.

El viernes, una corte declaró que la ley contra monopolios mediáticos era constitucional. En una improvisada conferencia de prensa, ofrecida fuera de las oficinas de Grupo Clarín en Buenos Aires, Sabbatella informó que se aprestaba a notificar «el inicio de la transferencia de oficio».

El Grupo Clarín dijo, en un comunicado enviado por correo electrónico, de que las acciones del Gobierno son ilegales y contravienen fallos anteriores dictados en favor del conglomerado. El medio, convertido en la oposición argentina, apeló ayer el fallo que declaró la constitucionalidad de la ley, el Gobierno argentino aseguró que está «totalmente vigente». El Grupo Clarín solicitó en su presentación judicial que se suspenda el levantamiento de la medida cautelar que ordenó el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, el pasado viernes.

Para el grupo mediático, la medida cautelar debe mantenerse hasta que se dicte una «sentencia definitiva» en la causa y a partir de entonces, «debiera comenzar a regir el plazo de desinversión de un año que establece la Ley». En comparecencias previas, Sabbatella explicó que el Grupo Clarín es el único grupo mediático que no ha presentado un plan de desinversión voluntario, tal y como exige la Ley. En consecuencia y de manera forzosa, el Gobierno argentino pretende licitar las licencias audiovisuales del Grupo Clarín que estén por encima del máximo legal permitido, en un plazo máximo de 100 días.

Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias de televisión, radio y servicios de televisión de pago. Unas 150 o 200 pertenecen al Grupo Clarín. Entre los otros 20 grupos figuran empresas como Telefónica y Prisa.