El Parlamento Europeo da su visto bueno al registro de pasajeros aéreos

Las compañías aéreas deberán aportar hasta 19 datos de los viajeros a las autoridades para prevenir el libre movimiento de terroristas

Tras cincos años de dura pugna política, la Eurocámara dio ayer el visto bueno definitivo al PNR (por sus siglas en inglés), la puesta en marcha de un registro internacional de pasajeros que sirva como herramienta para luchar contra el terrorismo. Las compañías aéreas estarán obligadas a proveer de una serie de datos a las autoridades de cada país, con el fin de que una lista de variables puedan ser intercambiadas entre los diferentes gobiernos de manera rápida y casi automática, ante una sospecha fundada. La izquierda europea había bloqueado en los últimos años esta iniciativa al argumentar que la privacidad de los viajeros podría verse en entredicho, a pesar de que Estados Unidos ya obliga a las compañías aéreas europeas a este tipo de intercambio de información desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, tras la masacre de «Charlie Hebdo», los ataques de París del pasado noviembre y la matanza en Bruselas del 22 de marzo, la presión de las capitales europeas sobre la Eurocámara para aprobar este acuerdo ha sido máxima, aunque se han introducido una serie de salvaguardas para que esta información no pueda ser utilizada de manera arbitraria. Según el comunicado oficial del Parlamento Europeo, esta directiva sólo podrá utilizarse para «fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y los delitos graves contemplados».

La directiva fue aprobada ayer por una amplia mayoría de 461 votos a favor, 179 en contra y nueve abstenciones. Las tres grandes familias del Parlamento Europeo (populares, socialistas y liberales) votaron a favor; Izquierda Unitaria y Los Verdes, en contra. El propósito es poner en el punto de mira a los «combatientes extranjeros», jóvenes criados en Europa que deciden enrolarse en los milicias del Estado Islámico en Irak y Siria y que vuelven a sus países de origen con el propósito de atentar en las comunidades que les vieron crecer. Según un estudio realizado por el Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo, radicado en La Haya, 4.294 europeos han viajado a Siria y, de ellos, el 30% habría vuelto a suelo comunitario. De hecho, éste es el perfil, entre otros, de los hermanos Bakraoui, Ibrahim y Jalid, inmolados en el aeropuerto de Zaventem y el metro de Maelbeek, respectivamente, o el del «cerebro» de los ataques de París, muerto en el asedio de Saint Denis, Abdelhamid Abaaoud.

En un comunicado conjunto, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, y el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, resaltaron tras la votación que, tras los «atroces atentados terroristas», la UE necesita dar una «respuesta común» y que este registro de pasajeros europeo será «una importante contribución». Los Estados miembros tienen dos años para adaptar esta directiva en su ordenamiento jurídico, aunque el Ejecutivo comunitario urge a los Gobiernos a que esto se produzca lo antes posible. El ponente del informe parlamentario, el británico Timothy Kirkhope, reconoció que esta medida «no es una fórmula mágica», pero sí «un instrumento muy efectivo». Para Los Verdes esta directiva tan sólo conduce a «una errónea obsesión política con vigilancia masiva». Este grupo y la izquierda europea abogaban por acotar esta transferencia de información tan sólo a los vuelos considerados de riesgo, y creen que las capitales europeas tan sólo están intentando con este tipo de medidas enmascarar la falta de colaboración de sus servicios secretos, la verdadera raíz del problema.

El acuerdo establece 19 variables que en ningún caso estarán vinculadas con información sensible como raza, religión, origen, orientación sexual o pertenencia a movimientos políticos o sindicatos. Se creará una oficina nacional en cada Estado en la que consten datos como el itinerario de viaje, equipaje (a la ida y a la vuelta), acompañantes, datos de pago o cambios de facturación. Esta información estará disponible durante cinco años, aunque pasados los seis primeros meses desde la realización del vuelo estas variables permanecerán encriptadas y, por lo tanto, no podrán asociarse al nombre de cada viajero, aunque será posible solicitar una orden judicial para acceder a la identidad de un sospechoso. Siempre que se produzca un intercambio de información entre Estados europeos, ésta quedará registrada.

La norma estará vigente para los vuelos extracomunitarios y será voluntaria en el caso de los desplazamientos dentro de suelo europeo. A pesar de esto, los Gobiernos se han comprometido a compartir esta información y poner en marcha estas oficinas nacionales lo antes posible. En el caso de España, se espera que esta oficina PNR esté operativa a partir del mes de junio. «Hoy es un buen día para la seguridad de los europeos. Esta herramienta permitirá ser más eficaces a la hora de conocer quién entra y quién sale de la UE», aseguró el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.