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El secretario general de la OEA «no descarta» una posible intervención militar en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos advierte de que la desesperada situación de la población bajo el régimen de Maduro justificaría la intervención.

  • El secretario general de OEA, Luis Almagro (d), saluda a venezolanos ayer en la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia). EFE/Schneyder Mendoza
    El secretario general de OEA, Luis Almagro (d), saluda a venezolanos ayer en la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia). EFE/Schneyder Mendoza
Carcas.

Tiempo de lectura 4 min.

16 de septiembre de 2018. 00:56h

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Víctor Amaya.  Carcas. 15/9/2018

Un vídeo se hizo viral en Venezuela. En él, se observa al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibiendo el abrazo desesperado de un migrante venezolano. «Libere a este pueblo. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos a libertar a Venezuela. Que intervengan esta vaina los americanos, ayúdenos a libertar a este pueblo», pidió un hombre de rodillas y entre lágrimas al secretario general de la OEA.

Se trata de un educador venezolano que sufre el socialismo chavista y se dedica a trabajar en las carretas para trasladar el equipaje y otros enseres de quienes salen de las fronteras venezolanas cargando con sus pertenencias, incluso por caminos clandestinos. Así, explicó, consigue comprar algo de comida porque no tiene cómo costear su subsistencia. El sujeto detalló que su esposa, una enfermera venezolana, también tiene que «rebuscarse». Su hija ya vive en Chile. Se «salvó», explica.

La escena ocurrió en el extremo occidente del puente internacional Simón Bolívar que une a Colombia con Venezuela y es paso diario de 30.000 personas que se mueven entre los dos países, muchas de ellas para no volver al régimen de Nicolás Maduro. Almagro reaccionó emotivo, afirmando que la ciudad de Cúcuta ejemplifica «las mentiras de la dictadura venezolana, las mentiras del régimen bolivariano, la dimensión de la crisis humana, la están sintiendo acá en Cúcuta más que en ninguna parte en el mundo».

Luego, el uruguayo fue enfático y muy duro al afirmar que no se debe descartar una intervención militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro para derrocarlo. Resaltó, no obstante, que «las acciones diplomáticas están en primer lugar».

Según la Organización de Naciones Unidas, al menos 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país. Otros números son aún peores, como los calculados por la encuestadora Consultores 21 que ubica el número en más del doble, al contabilizar a dobles nacionalizados y a retornados a países de origen.

En Colombia se acumula la mayor parte de esa diáspora. La oficina de migraciones de ese país asegura que más de un millón de venezolanos está en su territorio, con Perú como segundo lugar, con unos 420.000 migrantes, según los registros oficiales. «La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto y no puede permitir una dictadura en Venezuela, que afecta a la estabilidad de toda la región a partir del narcotráfico, a partir del crimen organizado, a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado», soltó Almagro.

Las afirmaciones del diplomático se produjeron frente al ministro colombiano de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. Almagró afirmó que «el pueblo venezolano hoy es víctima de una represión distinta, en este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo».

Junto a Almagro también estuvo el ex alcalde caraqueño David Smolansky, un perseguido de Maduro que ha sido nombrado por el Consejo Permanente de la OEA para liderar un grupo de trabajo sobre la migración venezolana. Su objetivo, afirmó, es realizar «un informe serio y transparente donde se constate la situación de los refugiados y migrantes. Donde se den recomendaciones a los países receptores, promover campañas contra la xenofobia y poder mapear y ubicar dónde se encuentran los venezolanos».

La opción militar

En julio pasado, Donald Trump dejó colar que su Gobierno no descartaba una opción militar para Venezuela. El Departamento de Estado luego suavizó el asunto, pero la idea quedó allí. El 8 de septiembre, el diario «The New York Times» desveló unas reuniones que un grupo de ex militares venezolanos habría sostenido con funcionarios de la Casa Blanca para solicitar apoyo en el caso de una asonada militar en su país.

Esa semana trascendió que dos aviones E-3 Sentry de la Fuerza Aérea estadounidense –usados habitualmente para reconocimiento– habrían sobrevolado territorio venezolano la madrugada del 5 se septiembre. El Gobierno de Maduro, según informa el diario «El Estímulo», trató de que la información no saliera a la luz pública. Sin embargo, una torre de control de un aeropuerto fronterizo también detectó las aeronaves y confirmó el sobrevuelo estadounidense.

En el chavismo se habla de soberanía. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que intervenir Venezuela sería «muy peligroso» para toda la región. Reunido esta semana con su par brasileño, afirmó que «si alguna instancia entre nuestros Gobiernos debe mantenerse intacta es el aspecto militar. Nosotros suscribimos el tratado de Unasur para construir una zona de paz». Colombia y Ecuador ya se retiraron de esa alianza.

La nueva Constitución endurecerá el delito de traición a la patria

El abogado Hermann Escarrá, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana que redacta la nueva Constitución, aseguró ayer en una entrevista con Efe que la nueva Carta Magna será más severa para castigar a quienes incurran en el delito de traición a la patria. Para ello, el chavismo prevé crear un tribunal de garantías constitucionales que estará separado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que vendrá a suplir a la actual Sala Constitucional, que será eliminada. Este nuevo tribunal «ejercería control sobre el TSJ y sobre todo el sistema judicial de Venezuela en el área constitucional», explicó. La nueva corte estará formada por siete jueces que ejercerán un período de 12 años.

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