Portugal

Un escándalo de diamantes y políticos corruptos en el paraíso de Madeira

Dimiten el alcalde de la capital y el presidente regional por una trama de corrupción inmobiliaria

Playas de Madeira en una foto de archivo
Playas de Madeira en una foto de archivolarazon

Un escándalo de corrupción de película ha sacudido a la tranquila e idílica isla portuguesa de Madeira y amenaza con acabar con la carrera de buena parte de su clase política. Y, de paso, salpicar a su ciudadano más ilustre, el futbolista Cristiano Ronaldo.

El desenlace (de momento) ha sido la detención de Pedro Calado, alcalde de la capital de la isla, Funchal, después de que se le encontraran en su oficina y en su vivienda un diamante valorado en 50.000 euros, relojes de lujo y decenas de miles de euros en efectivo. Pero la historia arranca mucho antes.

La primera señal del escándalo, que desmenuza en sus páginas este lunes el diario británico The Times, fue una masiva operación policial llevada a cabo el pasado mes después de que llegaran a la isla desde Lisboa dos aviones de la fuerza aérea que transportaban a 270 investigadores criminales, incluidos dos jueces de instrucción y seis magistrados. Hicieron tres arrestos de alto perfil, incluido Pedro Calado, el alcalde de Funchal, la capital del archipiélago.

Según los documentos de la investigación, se encontró un diamante valorado en 50.000 euros envuelto en papel en el cajón del escritorio del alcalde junto con 15 relojes de lujo. La gema fue valorada oficialmente después de que su abogado defensor dijera que era “sintética” y “de valor insignificante”. Otros 20.000 euros fueron encontrados en su casa y 10.000 euros en casa de su madre. Se le ha relacionado con otros 500.000 euros encontrados en una caja fuerte.

Dos magnates de la construcción

Calado, que tuvo que renunciar a su puesto, fue arrestado y trasladado en avión a Lisboa junto con dos de los magnates de la construcción de la isla, Avelino Farinha y Carlos Custódio. El interrogatorio judicial de los tres detenidos está en curso. Como resultado de la operación, Miguel Albuquerque, jefe del gobierno regional, está siendo investigado por ocho delitos, entre ellos corrupción pasiva, corrupción activa, abuso de poder y tráfico de influencias.

Albuquerque ha dimitido también. Negó haber cometido ningún delito, pero las autoridades portuguesas están investigando si proyectos inmobiliarios por valor de cientos de millones de euros en la isla desde 2015 fueron aprobados ilegalmente con la connivencia de Albuquerque y Calado, ambos del Partido Socialdemócrata (PSD) de centroderecha de Portugal.

La investigación ha asestado un nuevo golpe a la imagen de Portugal. El país se enfrenta a elecciones el próximo mes que fueron convocadas después de que acusaciones de corrupción condujeran a la dimisión de Antonio Costa, el primer ministro socialista. Costa renunció en noviembre por una investigación sobre presuntas ilegalidades en el manejo por parte de su gobierno de grandes proyectos de inversión verde. Él nego haber hecho nada malo.

Entre otras áreas de investigación, los fiscales están investigando si Calado y Albuquerque están involucrados en alguna supuesta irregularidad relacionada con un proyecto inmobiliario resultado de una asociación entre Pestana Hotel Group y el futbolista Cristiano Ronaldo. Están investigando un desarrollo en construcción en Praia Formosa por Pestana CR7, la sociedad hotelera creada entre el empresario Dionísio Pestana y Ronaldo, según informó la agencia estatal de noticias Lusa y recoge The Times.

Formosa Bay Residences, con 213 apartamentos de lujo a 250 metros de la playa, se construye en una zona protegida por el plan municipal de desarrollo de Funchal. Sin embargo, el plan fue suspendido, desbloqueando el inicio de las obras, según el diario Jornal da Madeira. El terreno utilizado en la playa de Formosa pertenece a Ronaldo.

El proyecto ha provocado protestas de ambientalistas y partidos de oposición en Madeira. Señalan que la playa de Formosa es la última gran playa sin explotar de Funchal. Manuel Cunha, representante de Os Verdes, llamó la atención sobre su “legalidad cuestionable”, diciendo que no se había aprobado ningún plan urbanístico ni de concesión de licencias para residencias en la Bahía de Formosa.