Europa pone muros al regreso de sus yihadistas

Miles de occidentales unidos al EI y convertidos ahora en prisioneros en Siria esperan una vía de salida al limbo jurídico en el que se encuentran.

Cuando vimos a Umm Omar en el campamento de refugiados de Ain Issa en el noreste de Siria, estaba hecha un mar de lágrimas. Los peshmerga (soldados kurdos) la habían llevado al centro de detención a las afueras del poblado, después de haber sido liberada la localidad de Tel Afar, en la frontera con Irak, en agosto de 2017. Sus ojos claros sobresalían entre el resto de las mujeres tapadas con hiyab (pañuelo islámico). Umm Omar había llegado al norte de Irak cinco años atrás para unirse al Califato Islámico proclamado por Abu Baker Al Baghdadi en junio de 2014.

Los peshmerga no suelen dejar entrar a periodistas a los centros de detención donde investigan a los llegados de áreas que estuvieron bajo control del Estado Islámico, pero nos explicaron que Umm Omar tenía nacionalidad belga y estaba detenida con sus dos hijos. Pertenecen a ese grupo de occidentales que llevan varios años detenidos en Siria, y a los que ni su Gobierno ni sus captores reclaman. Hay más de 3.000 yihadistas extranjeros y sus familias capturados por los kurdos que apoyan a la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, en la lucha contra el EI. Entre ellos hay 1.300 prisioneros del EI –sólo poco más de 300 han sido capturados en Al Baguz– de más de 44 nacionalidades distintas, y el resto son las esposas e hijos–600 mujeres y más de 1.200 niños–, que permanecen recluidos en centros de detención en el norte de Siria.

En la ciudad de Qamishli, la más importante del Kurdistán sirio, hay una prisión en la que permanecen 650 prisioneros del Estado Islámico a los que esperan poder reinsertar. Fuentes de la seguridad kurdas aseguran que los yihadistas turcos forman el grupo más grande, seguidos por los marroquíes, tunecinos y rusos. Los estadounidenses son minoritarios, apenas un puñado en custodia, mientras que de los europeos, los belgas y franceses son los más numerosos. Según Interior, 234 yihadistas españoles partieron al Califato, de los que 132 están en paradero desconocido. Un estudio del Real Instituto Elcano matiza que serían 223 los combatientes partidos de suelo español entre 2012 y 2017 para sumarse a la yihad.

Los detenidos y sus parientes se encuentran en un limbo legal, ya que la mayoría de gobiernos occidentales que apoyaron la guerra contra el EI se niegan a repatriar a sus compatriotas porque temen que pueden ser un peligro para la seguridad nacional. La mayoría de los descendientes de los occidentales son apátridas que han nacido en el Califato y no tienen ningún documento de identificación. El retorno de estos niños es una de las cuestiones que más se está planteando en el seno de la Unión Europea, aunque cada país decide por su cuenta si repatriar o no a los hijos y mujeres de los yihadistas, como es el caso de Francia, que traerá de vuelta a más de 200 detenidos franceses en territorio sirio e iraquí.

Las fuerzas democráticas sirias (FDS), una amalgama de grupos armados, mayoritariamente kurdos, son los que están gestionando a los detenidos del EI. Ahora, con la inminente retirada de EE UU del norte del país, podría estallar una nueva guerra en cualquier momento, lo que pondría en peligro la capacidad de los kurdos para proteger a los prisioneros. Temen que puedan escapar ante la ausencia de control tras la salida estadounidense. Por ese motivo, la administración local no quiere tener la responsabilidad de vigilar y alimentar a tantos detenidos y carece de la capacidad para organizar juicios contra personas acusadas de crímenes de guerra y otros abusos. «Es un número enorme. Algunos son muy peligrosos, y vivimos en un área muy inestable», indicó por teléfono a LA RAZÓN Omar Abdulkarim, portavoz de FDS.

Los tres campamentos de refugiados donde se encuentran los familiares de los yihadistas son Al Houl, Ain Issa y Al Roj, entre Deir ez Zor y Raqa, dos de los bastiones del Estado Islámico liberados el año pasado por la coalición internacional y las fuerzas kurdas.

Uno de los problemas al que se enfrentan los detenidos es el ser procesados en su país de origen. Ante la falta de evidencias es muy difícil condenarlos a penas de cárcel en un país europeo, donde son muy altos los estándares a la hora de presentar pruebas. A menos que «sean figuras conocidas o que hayan aparecido en vídeos de crímenes de guerra, sería difícil presentar otros cargos que no sean menores», dice el coronel retirado Nizar Abdelkader, experto en yihadismo.

Ante la falta de pruebas y el temor a que al dejarlos libres, los repatriados puedan cometer atrocidades en su país, los gobiernos occidentales decidieron que aquellos que decidieron unirse al Estado Islámico «deben renunciar a sus derechos de ciudadanía cuando abandonaron sus países», agrega AbdelKader. Como ejemplo, el de Shamina Begum, la joven británica que se unió al EI con 15 años y a la que se ha negado el regreso. Francia los juzgará a su regreso.