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Johnson presenta hoy la ley con la que quiere violar el acuerdo Brexit

El Gobierno británico desea cambiar, de manera unilateral, el llamado Protocolo para Irlanda del Norte

Boris Johnson
Boris JohnsonJon SuperAgencia AP

La guerra comercial entre el Reino Unido y la UE podría estar cada vez más cerca después de que el Gobierno de Boris Johnson haya confirmado sus intenciones de presentar este lunes en la Cámara de los Comunes la propuesta de ley con la que quiere cambiar, de manera unilateral, el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, pieza clave del acuerdo del Brexit.

Tras el histórico divorcio, la provincia británica quedó con un estatus diferente al del resto del Reino Unido a fin de evitar frontera dura con la República de Irlanda, requisito indispensable para sellar la paz entre católicos y protestantes en 1998. Pero eso obliga ahora a realizar controles aduaneros a las mercancías intercambiadas con Reino Unido. Según la versión de Londres, la nueva carga burocrática no solo está provocando una escasez de productos sino que además está creando tensiones políticas.

Tras el triunfo histórico de los católicos del Sinn Fein en los últimos comicios autonómicos de mayo, los protestantes del DUP se niegan ahora a formar gobierno de coalición que ambas comunidades deben respetar por el acuerdo de paz de 1998. Los unionistas se sienten traicionados por el Ejecutivo central por haber dejado a Irlanda del Norte más alineada con la normativa de Dublín que con la de Londres y no están dispuestos a desbloquear la crisis política hasta que se cambien los nuevos controles aduaneros.

Y en este sentido, el Ejecutivo de Johnson justifica que, en caso de actuar de manera unilateral, no estarían incumpliendo la ley internacional del Brexit, sino protegiendo la paz en el Ulster.

Éste es el argumento ofrecido por la abogada general del Estado, Suella Braverman, que es miembro del Gabinete y cuya función es asesorar legalmente al Gobierno. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, los ministros no consultaron al llamado “Primer Consejo del Tesoro”, el abogado independiente del Ejecutivo al que se acude con desafíos legales importantes, como es el caso, ya que se podría llegar a una guerra comercial con la UE. Según la prensa británica, esta figura indicó que “sería muy difícil para Reino Unido argumentar que no está violando el derecho internacional si sigue adelante con algunos de los movimientos que se están considerando”. La polémica, por lo tanto, está más que servida.

Por si no fuera poco, la tramitación del proyecto de ley en Westminster va a ser sumamente complicado ya que los conservadores más euroescépticos ya han advertido que no la apoyarán si consideran que es demasiado blanda y, por su parte, los lores ya han avanzado que la tumbarán si consideran que viola la ley internacional.

Por lo tanto, por una vía o por otra, Johnson podría ser humillado aumentando aún más las dudas sobre un liderazgo que ya quedó sumamente tocado la semana pasada con la moción de confianza.

Máxima tensión

La ministra de Exteriores, Liz Truss, que es la que está al frente de las nuevas negociaciones con Bruselas, quería endurecer la ley lo más posible para así contentar a los brexiteers y posicionarse en caso de unas posibles primarias. Pero eso provocó una feroz disputa en el propio Gabinete, en la que Johnson argumentó que eso aumentaría las tensiones con Bruselas y haría imposible un acuerdo negociado con la UE.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, señaló que con “buena fe, arte de gobernar y confianza en la mesa de negociaciones”, Reino Unido y la UE deberían poder realizar cambios técnicos para eliminar las fricciones comerciales causadas por el protocolo. Pero dijo que Johnson no poseía las habilidades para negociar un acuerdo y lo acusó de tomar “una bola de demolición” en las relaciones entre Reino Unido e Irlanda, que están en un punto máximo de tensión.

Las demandas que Londres plantea ahora a Bruselas no son pocas. Por una parte, quiere dos tipos de corredores. Uno verde, exento de controles, para las mercancías procedentes de Gran Bretaña que permanezcan en territorio norirlandés y no crucen a la República de Irlanda (territorio UE). Y uno rojo para el resto de envíos.

Asimismo, quiere que los estándares de calidad impuestos en Irlanda del Norte sean los británicos, y no los de la UE. Y pretende más flexibilidad impositiva, de modo que cualquier modificación del IVA que aplique en Gran Bretaña se aplique también a Irlanda del Norte. Eso afectaría de pleno al “level-plating fiel”, cuestiones de competencia y convergencia regulatoria.

Por último, reclama que el Tribunal de Justicia de la UE no sea el organismo supervisor de las reglas del mercado comunitario en Irlanda del Norte, sino que se aplique un mecanismo de arbitraje similar al que se estableció en el Tratado Comercial y de Cooperación que firmaron Londres y Bruselas para evitar un Brexit duro.

Los cambios implicarían que ambas partes actúen de buena fe, es decir, la UE se tendría que fiar de la palabra de Londres respecto a los productos que supuestamente no van a entrar en la República de Irlanda, esto es, mercado único. Y el currículum de Johnson no es precisamente tranquilizador.