Estrasburgo paraliza “in extremis” el vuelo británico a Ruanda con inmigrantes

Poco queda del popular Boris Johnson que ganó el referéndum del Brexit y una aplastante mayoría absoluta en las generales de 2019. Su liderazgo entre sus propias filas está más que cuestionado y pocos creen que vaya a sobrevivir en Downing Street para finales de año. Pero él se niega a tirar la toalla y en el último intento por recuperar la confianza entre el núcleo duro del partido -el mismo que en su día le alzó al poder- se aferra ahora a la inmigración, consciente de que fue la piedra angular de la campaña euroescéptica.

En este sentido, el “premier” aseguró este martes que no se dejará “intimidar ni avergonzar” y seguirá adelante con su controvertido plan de enviar a Ruanda a los migrantes que lleguen a Reino Unido por rutas ilegales.

“Vamos a cumplir nuestro objetivo, que es asegurarnos de que hacemos una distinción clara -que creo que todos pueden apreciar que es justa y razonable- entre la inmigración legal a este país por rutas seguras y legales, que apoyamos, defendemos y protegemos porque todos comprendemos los beneficios que trae, y la migración peligrosa e ilegal a través del Canal de la Mancha, que pretendemos detener”, declaró durante una reunión con su gabinete de ministros que fue parcialmente televisada.

Los recursos legales de los solicitantes de asilo que debían de ser expulsados hoy por Reino Unido en un vuelo a Ruanda han impedido la salida del avión, que esperaba desde hace horas la luz verde para despegar, según la ONG “Care for Calais”. La organización, al igual que los medios británicos, informó poco después de las diez de las once de la noche de que ya no quedaba una sola persona más dentro del avión gracias a la acción de la Justicia y que por tanto el vuelo no saldrá del aeródromo militar Boscombe Down, en Amesbury (oeste de Inglaterra).

En las últimas horas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ordenó la paralización de la expulsión de varias de las siete personas que debían ir a bordo del primer vuelo de estas características, que ha provocado la polémica en Reino Unido y el rechazo desde el príncipe Carlos, heredero de la Corona, hasta la cúpula de la Iglesia Anglicana.

En su decisión de paralizar la expulsión del solicitante de asilo identificado como K.N, de nacionalidad iraquí y nacido en 1968, el TEDH resuelve que el hombre “no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar”.

El Gobierno tampoco quiso dar datos del vuelo. Pero el registro de la Autoridad Civil de Aviación revelaba que la compañía española radicada en Mallorca,Privilege Style, sería la encargada de fletar un chárter casi vacío al aeropuerto de Kigali.

Según los medios británicos, el coste son 580.000 euros aproximadamente. En cualquier caso, la ministra de Exteriores, Liz Truss, aseguraba que cada céntimo estaba “más que justificado” porque “lo verdaderamente importante es que vamos a establecer las pautas para romper el modelo con el que operan las terribles redes de tráfico de personas”. En lo que va de año, más de 10.000 han llegado ilegalmente al Reino Unido cruzando en precarias embarcaciones el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

La medida ha generado todo tipo de críticas que van más allá de la oposición laborista. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan un escaño en la Cámara de los Lores, enviaban ayer una carta al diario “The Times” en la que denunciaban una práctica “que debería avergonzarnos como nación”. “Deportaciones, o devoluciones forzosas de los solicitantes de asilo a sus países de origen, no son el modo de afrontar esta situación. Es una política inmoral que avergüenza al Reino Unido”, rezaba el texto.

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, según informó “The Times” el pasado sábado, calificó también en privado el plan de Johnson de “espantoso”. Al cierre de esta edición, el Palacio de Buckingham no se había pronunciado al respecto.

En cualquier caso, la justicia británica se ha puesto, de momento, del lado del Ejecutivo. El pasado viernes, el Alto Tribunal de Inglaterra rechazó la petición de organizaciones humanitarias para cancelar el vuelo. La decisión fue ratificada el lunes por el tribunal de apelación. Pero no será hasta finales de año hasta que el Tribunal Supremo evalúe la legalidad final de la política.

El Ejecutivo británico defiende que enviar a inmigrantes a terceros países para su procesamiento es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, a la que sigue perteneciendo independientemente del Brexit. No obstante, los expertos advierten que, pese a que no existe ninguna ley que prohíba explícitamente que las personas sean trasladadas a un país tercero, requiere de “revisión judicial al respecto”.

Downing Street negoció este polémico plan hace unos meses con Ruanda, que ya tiene listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes. Sus autoridades deben recibir en un primer momento 144 millones de euros para acogerlos y “darles una vía legal para la residencia” a fin de que puedan “establecerse de forma permanente, si así lo desean”, según el canciller del país africano, Vincent Biruta.

El de Reino Unido no es un caso aislado. Australia se convirtió en uno de los primeros países en utilizar centros de detención en alta mar en 2001 cuando anunció que los refugiados serían enviados a centros en Papúa Nueva Guinea y la República de Nauru. En la actualidad, Dinamarca también está negociando con Ruanda el posible envío de inmigrantes que lleguen por rutas ilegales.

Bajo las nuevas normas impuestas por Downing Street, los refugiados que lleguen a suelo británico por vías legales obtendrán un permiso para quedarse a vivir de manera indefinida. Sin embargo, aquellos que lo hagan por rutas ilegales, aunque logren conseguir asilo, no tendrán los mismos derechos. En su lugar, se les otorgará un estatus de protección temporal, que se revisará cada 30 meses. No tendrán acceso a ayudas sociales ni tampoco derecho a traer a su familia, aunque se les permitirá trabajar.

Asimismo, se reforzará el derecho a apelar y verificar la edad de los menores para “evitar que las personas sin escrúpulos abusen del sistema haciéndose pasar por niños, introduciendo valoraciones de la edad más duras y más precisas”.