Reino Unido comienza a tramitar la ley con la que Johnson quiere romper el acuerdo del Brexit

El Gobierno británico comenzó este lunes a tramitar en Westminster el polémico proyecto de ley con el que quiere cambiar, de manera unilateral, el llamado Protocolo de Irlanda del Norte, pieza clave del Acuerdo del Brexit que afecta a los nuevos controles aduaneros en la provincia británica. La ministra de Exteriores, Liz Truss, justificó que era “necesario” para mantener la estabilidad política de Belfast. Pero la UE ha emprendido ya acciones legales por lo que, de no calmarse las tensiones, se podría terminar con una guerra comercial.

El controvertido plan ha suscitado críticas tanto desde la oposición como desde la propia bancada tory, por lo que, la tramitación se prevé compleja. “Muchos de nosotros estamos extremadamente preocupados porque esta ley rompe descaradamente un tratado internacional, echa por tierra nuestra reputación internacional y amenaza con una guerra comercial en un momento en el que nuestra economía está plana”, declaró el exministro de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell.

Los rebeldes planean votar en contra o abstenerse lo que pondrá más presión a un primer ministro cuya autoridad está cada vez más cuestionada dentro de sus propias filas. En cualquier caso, al tener mayoría absoluta, se da por hecho que el proyecto de ley recibirá luz verde en la Cámara de los Comunes, donde el Gobierno quiere realizar los primeros trámites por la vía rápida antes de las vacaciones de julio. La normativa, sin embargo, deberá pasar luego a la Cámara de los Lores, donde se prevén varias enmiendas.

Tras el Brexit, la provincia británica ha quedado con un estatus diferente al del resto del Reino Unido a fin de evitar frontera dura con la República de Irlanda, requisito indispensable para sellar la paz entre católicos y protestantes en 1998. Pero eso obliga ahora a realizar controles aduaneros a las mercancías intercambiadas con Gran Bretaña. Londres argumenta que la nueva carga burocrática -que a día de hoy no se ha implementado en su totalidad- no solo está provocando una escasez de productos sino que además está creando tensiones políticas entre ambas comunidades.

De ahí que quiere implementar ahora dos tipos de corredores. Uno verde, exento de controles, para las mercancías procedentes de Gran Bretaña que permanezcan en territorio norirlandés y no crucen a la República de Irlanda (mercado único europeo). Y uno rojo para el resto de envíos.

Asimismo, quiere que los estándares de calidad impuestos en Irlanda del Norte sean los británicos, y no los de la UE. Y pretende más flexibilidad impositiva, de modo que cualquier modificación del IVA que aplique en Gran Bretaña se aplique también a Irlanda del Norte. Esto afecta de pleno al “level-playing field”, cuestiones de competencia y convergencia regulatoria, lo que siempre se quiso evitar durante las largas negociaciones de divorcio.

Por último, se elimina la supervisión del Tribunal de Justicia de la UE como mecanismo de arbitraje -lo que es una línea roja para Bruselas- y, en su lugar, se deja la sentencia final sobre disputas comerciales a los tribunales británicos a los que se les otorga nuevos poderes.