La amenaza de recesión deja sin capacidad de maniobra a Meloni

La economía italiana creció este año por encima de la francesa y la alemana, pero eso era antes de que Vladimir Putin invadiera Ucrania y el Gobierno de Mario Draghi fuera derribado por intereses electorales. El país transalpino despidió el primer trimestre con un nivel de deuda pública superior al 150% del producto interior bruto (PIB), el más alto de la zona euro, solo por detrás de Grecia. Con estas cartas encima de la mesa, el camino del futuro Gobierno italiano se presenta lleno de obstáculos y sin mucho margen de maniobra. La colaboración con las instituciones europeas, desde donde llegará en los próximos meses dinero fresco procedente de los fondos de recuperación, es ahora más necesaria que nunca. Giorgia Meloni lo sabe. Mario Draghi, también.

En este sentido, el principal objetivo en la agenda de la líder de Hermanos de Italia es facilitar una transición pacífica para no inquietar a la UE. Tres días después del triunfo de la coalición de derechas en las urnas, Meloni ya ha dejado claro cuáles serán las prioridades de su Gobierno a través de sus «sherpas»: hacer frente a la emergencia económica, pactar con Bruselas una revisión del Plan de Recuperación e impulsar una profunda reforma constitucional.

La primera fecha marcada en rojo en el calendario es el 15 de octubre. Ese día Roma debe enviar a Bruselas el borrador de sus próximos Presupuestos Generales, a pesar de que aún no se habrá formado el Ejecutivo. Y aunque la Comisión Europea suele ser flexible cuando un Estado miembro se halla en medio de un proceso electoral, Meloni es consciente de que no hay tiempo que perder.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó precisamente el documento con las previsiones económicas en base a las cuales se elaboran los Presupuestos. El Gobierno italiano en funciones prevé un frenazo en la economía transalpina en 2023, con un aumento del PIB del 0,6%, frente al 2,4% calculado en abril, a causa de un empeoramiento de las perspectivas económicas como consecuencia de «la contracción de la economía global y europea».

Desde Hermanos de Italia querrían que el primer ministro saliente les echara una mano en la redacción de la hoja de ruta económica para el próximo año, pero Draghi no parece tener ninguna intención. El diario «La Repubblica» publicó ayer que Meloni y el ex presidente del Banco Central Europeo habrían llegado a un acuerdo para evitar una crisis entre el nuevo Gobierno italiano y sus socios europeos. El «pacto» –que fue desmentido por los protagonistas– obligaría a la líder ultraderechista a mantener su apoyo a Kyiv y garantizar la lealtad del país transalpino a la OTAN, al mismo tiempo que la primera ministra «in pectore» se comprometía a dar continuidad a la política económica trazada por el anterior Ejecutivo. A cambio, «Súper Mario» sería el garante de las políticas de Hermanos de Italia ante la UE.

Con el respaldo o no del economista, el nuevo Gobierno italiano deberá cumplir con los compromisos en los plazos previstos por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), el ambicioso programa de reformas y ayudas europeas que prevé la recepción de 191.500 millones de euros hasta 2026. Sin embargo, Hermanos de Italia ha avanzado que pedirá a la Comisión Europea negociar de nuevo algunos puntos del PNRR, ya que solo un 5% de los recursos asignados está destinado a la cuestión energética, que es la primera preocupación del nuevo Gobierno italiano a las puertas de un otoño complicado.

«Gobernaremos para todos los italianos», aseguró Meloni en su primer y breve discurso, con el que trató de tranquilizar a Europa y a los mercados tras el terremoto que provocó su victoria. Durante la campaña electoral, la líder ultraderechista se desmarcó de las costosas promesas electorales de sus socios, a quienes llegó a pedir «no hacer promesas que no se pueden cumplir». Con algunos matices, los tres partidos que forman parte de la coalición (Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia) proponen rebajas fiscales, adelantar la edad de jubilación, aumentar las pensiones mínimas y un tipo único en el IRPF, la llamada «flat tax», caballo de batalla de la Liga de Matteo Salvini, quien, además, aboga por una desviación del gasto público para financiar un paquete de ayudas de hasta 30.000 millones de euros para que las familias y las empresas puedan hacer frente al aumento del coste de la energía y la inflación.