El Gobierno británico quiere blindar los servicios mínimos en la ley de huelga

Reino Unido ha empezado el año de la misma manera que terminó el anterior: paralizado ante las numerosas huelgas de los trabajadores del sector público, que piden mejoras salariales ante una inflación disparada.

Ante la falta de avances en las negociaciones, el Gobierno presentó ayer en Westminster un polémico proyecto de ley para poder de fijar ciertos niveles de servicios mínimos. La incapacidad para resolver los paros del “invierno del descontento” de 1979 acabó con la derrota del entonces primer ministro laborista Jim Callaghan. Y ahora el conservador Rishi Sunakno quiere que se repita la misma situación. Aunque el desgaste de los “tories” tras más de doce años en el poder y una economía en situación más que complicada lo ponen cada vez más difícil.

Tras meses de paros de empleados ferroviarios, enfermeros, personal de ambulancias y otros trabajadores, el ministro de Empresas, Grant Shapps, desgranó ayer ante la Cámara de los Comunes los detalles sobre un proyecto legislativo que ha recibido críticas de los sindicatos y la oposición laborista, por lo que afronta una ardua tramitación parlamentaria.

“Esta legislación nos coloca en línea con países europeos modernos como Francia, España, Italia y Alemania”, afirmó Shapps, quien argumenta que la ley aspira a garantizar la “seguridad” de los ciudadanos ante huelgas como la convocada para este miércoles por los trabajadores de ambulancias. Tras la primera protesta en más de 30 años protagonizada el pasado mes de diciembre, vuelven a salir esta semana a la calle poniendo así aún más presión al Sistema Nacional de Salud (NHS), sumido desde hace años en una profunda crisis.

Las leyes que requieren un nivel mínimo de servicio durante la acción industrial ya se prometieron para el transporte público como parte del manifiesto electoral del Partido Conservador para las elecciones generales de 2019, donde los `tories´ arrasaron con una mayoría absoluta no vista desde los tiempos de Margaret Thatcher. Pero lo que busca ahora el Gobierno es extender este requisito a otras áreas, como el NHS, educación, bomberos y rescate o seguridad fronteriza.

Para cumplir con los niveles mínimos de personal, los empleadores podrían emitir un “aviso” que indique la mano de obra que necesitan, por lo que los trabajadores que se tuvieran que quedar en sus puestos perderían su derecho a la protección contra el despido improcedente si luego se declaran en huelga. Las consultas sobre cómo podrían ser los niveles mínimos para cada sector comenzarán de manera inminente. Los parlamentarios tendrán la oportunidad de debatir el proyecto de ley a partir de la próxima semana.

El secretario de la confederación sindical (TUC, por sus sigla en inglés), Paul Nowak, recalca que el proyecto de ley es “antidemocrático, impracticable y casi seguro ilegal”. “Esta legislación significaría que cuando los trabajadores voten democráticamente a favor de la huelga, pueden ser obligados a trabajar y ser despedidos si no cumplen”, matiza.

Por su parte, la vicelíder de la oposición laborista, Angela Rayner, asegura que los países europeos que el Gobierno ha tomado como ejemplo “pierden muchos más días por huelgas que Reino Unido”, por lo que le ha instado a que “hable con sus gobiernos y sindicatos para aprender alguna lección real”. Durante el debate en los Comunes, Rayner subrayó el caso de un ciudadano que “esperó durante más de una hora una ambulancia, murió mientras esperaba, y no era en un día de huelga”, en alusión a la crisis del Servicio Nacional de Salud Pública.

Desde hace tiempo, el conocido como NHS se ha convertido en un paciente en cuidados intensivos. No hay recursos, falta mano de obra y los trabajadores que quedan tienen cada vez más carga de trabajo, más presión y menos sueldo.

El salario real de los enfermeros cayó 1.800 libras durante el último año mientras que el de los paramédicos cayó 2.400 libras. En términos reales, los enfermeros ganan 5.000 libras al año menos que en 2010. Y para las matronas y los paramédicos, la cifra asciende a más de 6.000 libras, según el análisis de las estadísticas oficiales realizado por la principal confederación sindical.