Creyeron alquilar su piso de lujo a un prestigioso piloto y terminaron con un okupa que acumuló un impago de casi 200.000 euros de alquiler: "La policía no hizo nada"

En septiembre de 2023 los propietarios de un apartamento de 269 m² en París confiaron en la palabra de su agencia y entregaron las llaves de su vivienda de lujo a un supuesto piloto de línea que ofrecía ingresos mensuales de 30.000 euros netos.

El alquiler fijado era de 9.300 euros al mes más 700 euros de gastos, cifra que el inquilino pagó sin problema el primer mes y que nunca más volvió a abonar. La deuda fue creciendo mes tras mes hasta rozar los 40.000 euros de impago, momento en el que, según informa Le Figaro, los propietarios encargaron al abogado Samuel Zeitoun el inicio de un procedimiento de desahucio por falta de pago.

Fue entonces cuando empezaron a descubrir que el perfil del inquilino no era el que habían aceptado: el portero les habló de constantes fiestas y de un continuo ir y venir de maletas, mientras que los vecinos se quejaban de ruido nocturno.

El inquilino convertía el piso en alojamiento turístico

Una búsqueda rápida en Airbnb bastó para confirmar sus sospechas: el supuesto piloto subarrendaba el inmueble sin consentimiento, ofreciéndolo a turistas a precio de mercado. El perfil de la plataforma mostraba valoraciones negativas de huéspedes que habían sido desalojados por un oficial de justicia en otros apartamentos, lo que revelaba una actividad ilegal reiterada y organizada.

Ante la imposibilidad de localizar al inquilino y la falta de respuesta a las reclamaciones, el letrado optó por mantener únicamente la demanda civil por impago, evitando entrar en un proceso penal por falsificación que podría alargarse años y no garantizar la recuperación del inmueble. El juzgado dictó sentencia el 6 de junio de 2024, condenando al ocupante al pago de 79.000 euros, cantidad que se quedó muy lejos de la deuda real.

La coincidente celebración de los Juegos Olímpicos en París retrasó el desahucio físico al término de la tregua invernal, por lo que los propietarios no pudieron entrar en su casa hasta abril de 2025. Para entonces el montante ascendía ya a 190.000 euros, suma que el letrado considera irrecuperable tras comprobar que el demandante carece de cuentas bancarias a su nombre que permitan ejecutar una posible ejecución forzosa.

El caso ha llevado al abogado a recomendar extremar la verificación de documentos cuando los ingresos declarados sean elevados y a exigir siempre un depósito mediante cheque para dejar constancia del número de cuenta, facilitar una eventual orden de embargo y evitar que se repitan historias de ocupación fraudulenta tan costosas para los propietarios.