El juez de apelaciones Astrit Kalaja fue asesinado a tiros este lunes dentro de una sala del tribunal en Tirana, capital de Albania, mientras presidía una audiencia sobre una disputa de propiedad. El agresor, identificado por medios locales como Elvis Shkëmbi, de 30 años, era parte del proceso judicial y abrió fuego tras anticipar que perdería el caso. Kalaja murió camino al hospital, mientras que otras dos personas —un padre y su hijo, también involucrados en el juicio— resultaron heridas pero se encuentran fuera de peligro.
El atacante logró huir brevemente del lugar, pero fue arrestado poco después. La policía también detuvo a su tío y al guardia de seguridad del tribunal, quienes podrían haber facilitado el ingreso del arma. El arma utilizada, un revólver, fue recuperada por las autoridades.
El primer ministro Edi Rama calificó el hecho como una “agresión criminal” que exige “la respuesta legal más extrema contra el agresor” y pidió reforzar la seguridad en los tribunales. El presidente Bajram Begaj lo describió como “un ataque terrible contra todo el sistema judicial”. La OSCE en Tirana expresó su “profunda conmoción”, señalando que “los ataques contra jueces son ataques directos contra el Estado de derecho”.
Una crisis judicial que provoca desconfianza
El asesinato ha desatado una ola de indignación y ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema judicial albanés. Líderes opositores como Sali Berisha denunciaron que el crimen refleja “la gran inseguridad que existe hoy en el país” y criticaron las reformas judiciales impulsadas por la Unión Europea y Estados Unidos desde 2016, que han dejado al país sin Corte Constitucional ni Corte Suprema durante años, acumulando más de 200.000 casos pendientes.
Según el exembajador Agim Nesho, estas reformas se han convertido en “instrumentos políticos” que concentran el poder en el Ejecutivo y han erosionado la confianza pública. La existencia de una campaña de apoyo al asesino en redes sociales, incluyendo una recaudación de fondos para su defensa legal, ha sido interpretada por algunos como una protesta contra un sistema judicial percibido como corrupto y politizado.
El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los tribunales, el acceso a armas y la necesidad de reformas profundas. Activistas y juristas han exigido que se revisen los protocolos de ingreso a las salas judiciales, donde actualmente el acceso es más abierto que en otros países europeos. El asesinato de Kalaja —el primero de un juez en ejercicio en Albania en más de tres décadas— marca un punto de inflexión en la relación entre justicia y sociedad.
