Francia, mano dura contra la inmigración

El dispositivo era imponente para una operación pacífica. Al punto de la mañana, doscientos antidisturbios de la Policía y la gendarmería esperaban para pasar a la acción. Las autoridades galas no escatimaron en medios policiales para desmantelar tres campamentos en el puerto de Calais (noroeste de Francia), donde desde hace meses se hacinaban cerca de seiscientos clandestinos, la mayoría procedentes de países en guerra como Siria o Afganistán, pero también de Eritrea o Sudán. «El primer objetivo de esta operación es sanitario. De salud pública. Los informes muestran que hay una epidemia de sarna», explicó ayer el prefecto del Paso de Calais, Denis Robin, que la pasada semana había anunciado la intervención.

Para las asociaciones humanitarias se trata sobre de un pretexto para destruir los improvisados campamentos donde se amontonaban chabolas, tiendas de campaña, refugios de cartón en condiciones insalubres. El prefecto reconocía también la necesidad de «acabar con una concentración de gente demasiado grande y en pleno centro de la ciudad. Eso supone un riesgo para ellos, sometidos a las leyes de los pasafronteras, para su seguridad, porque las peleas aumentan, y también de orden sanitario». Pero para la mayoría, Calais no es un destino, sino una zona de tránsito. Anhelan poder encamararse a uno de los ferries que atraviesan el Canal de la Mancha, aunque saben que Reino Unido tampoco es ya el El Dorado. Muchos llevan a sus espaldas numerosas intentonas. Fallidas. Y temen que con el desmantelamiento se los aleje de la zona portuaria, de donde zarpan diariamente los barcos. Por eso, ayer permanecían atrincherados en el parking en el que las organizaciones humanitarias reparten la comida. La noche del martes, además de la cena, recibieron el tratamiento oral contra la sarna, que afecta a casi un centenar. Pero al enterarse del plan de evacuación, algunos prepararon sus enseres y buscaron refugio entre las dunas y otras zonas próximas, aun siendo conscientes de que alejarse del grupo los hace más vulnerables. Ayer, mientras veían cómo las palas excavadoras arrasaban los campamentos, apenas un puñado aceptó el traslado a un centro médico donde ser atendidos, poder darse una ducha o cambiarse de ropa por miedo a no poder regresar. Y eso pese a que el prefecto prometió que no habría, salvo en caso de violencia, «controles, arrestos ni ingresos en el centro de retención administrativa», como algunos podían temer. Varias decenas de miembros de diversas ONG denunciaron una «operación espectáculo» que no resuelve nada. «Es escandaloso. Estamos en el mismo punto que con los otros desalojos. A diferencia de que esta vez ha habido más calma y más comunicación. Pero tras la evacuación, todo vuelve a empezar. Y años después todo sigue igual», lamentaba Jean-Claude Lenoir, responsable de la asociación Salam, encargada del reparto de comidas entre los «sin papeles».

Se trata del tercer gran desmantelamiento tras el cierre del centro de Sangatte en 2002, que llegó a duplicar su capacidad acogiendo a casi dos mil irregulares, y de «la Jungla» en 2009. Algo más de una década, marcada por las tensiones entre clandestinos y habitantes de Calais, donde el ultraderechista Frente Nacional superó en las elecciones europeas del domingo el 30 por ciento, al igual que en toda la región Norte-Paso de Calais, donde el partido de Marine Le Pen triplicó su resultado de 2009.