González Urrutia, de la tranquilidad del anonimato a un "salvoconducto" urgente a España

En apenas medio año, el candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pasó de ser un jubilado anónimo que disfrutaba de su familia y la lectura a un reconocido político que se enfrentó a Nicolás Maduro en unas controvertidas presidenciales, cuyo resultado desató una crisis que llevó al opositor a asilarse en España, al temer por su integridad en el país caribeño.

La vida se aceleró inesperadamente para el exembajador el pasado marzo, cuando la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el bloque opositor, lo propuso como candidato a unas elecciones que ya se intuían complejas, debido a la situación del país, en el que la polarización política volvió a hacerse evidente, tras varios años de relativa calma.

La propuesta de ser, inicialmente, candidato provisional, hasta que los partidos que forman la coalición eligieran al definitivo, fue solo el principio de un vaivén de acontecimientos que removieron los cimientos de su vida más allá de lo previsible.

El funcionario público retirado, de 75 años, dijo en reiteradas ocasiones que no esperaba ser el candidato -propuesto de manera definitiva e inscrito a mediados de abril-, ya que nunca había competido por un cargo de elección popular, ni siquiera como estudiante en la universidad, donde se licenció en Estudios Internacionales en 1970.

Popularidad sobrevenida

Durante la campaña, González Urrutia se mostró como un político inusual para las costumbres en Venezuela, de verbo tranquilo, con un discurso breve, pero contundente y directo, sin rodeos ni florituras.

Sus formas, muy alejadas a las de la política en el país caribeño, conquistaron a un público tan numeroso como diverso, que siguió sus pasos de manera firme.

El plena campaña, su popularidad ya había alcanzado cotas que sorprendieron a propios y extraños, pero, sobre todo, al candidato, que -reconoció- se sintió abrumado en varias ocasiones ante el entusiasmo de sus seguidores, que lo llevaron en volandas hasta el día de las elecciones, el 28 de julio.

Aquella fecha marcó un antes y un después en el país, cuando, por la noche, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció el triunfo oficial de Nicolás Maduro, rechazado por la coalición opositora y los simpatizantes antichavistas, que mantuvieron el respaldo a su candidato.

El resultado también fue desestimado por González Urrutia, así como por gobiernos de cerca de una treintena de países y organizaciones nacionales e internacionales, que defendieron la victoria del opositor.

La reclamación se afianzó en los días siguientes, cuando la PUD anunció que había subido a una página web el 83 % de las actas electorales -recabadas, según explicó, por testigos y miembros de mesa en las votaciones- que daban la victoria al opositor, que se define ideológicamente como un hombre de centro.

Él también defendió su triunfo y tachó de "fraude" el resultado que el CNE había anunciado, lo que desembocó en protestas que se saldaron con mas de 2.500 detenidos, según el Gobierno, y 25 muertos, de los que las autoridades responsabilizan a la oposición, mientras que el antichavismo señaló a los cuerpos de seguridad del Estado, que -subrayó- actuaron con órdenes superiores.

El poder Judicial a escena

Ante la insistencia del opositor y sus seguidores, la Fiscalía lo citó en tres ocasiones para declarar, como parte de una investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude electoral y la publicación de las actas, que la institución consideró "usurpación de funciones" al CNE.

A este, el ente fiscal -que advirtió que, de no presentarse a las citaciones, solicitaría orden de detención- sumó los supuestos delitos de forjamiento de documento público -al asegurar que las actas son falsas-, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación.

La presión, que ya se dejaba sentir en González Urrutia, lo llevó a mantenerse bajo protección, al considerar que su vida y su integridad corrían peligro.

Pero todo empeoró cuando el fiscal general, Tarek William Saab, solicitó a un juzgado que emitiera una orden de aprehensión, una petición que se hizo realidad en apenas minutos.

El cerco se estrechaba sobre el antichavista -hospedado, inicialmente, en la embajada de Países Bajos y en la de España sus últimos días en Venezuela-, que optó por solicitar asilo político al Gobierno español, que lo concedió de inmediato.

La salida del país del opositor se materializó este sábado, cuando un avión dispuesto por el Gobierno de España lo trasladó de Caracas a Madrid, donde ya se encuentra en compañía de su esposa, Mercedes González. EFE

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