Honduras entra en la recta final hacia las elecciones presidenciales del domingo en un clima de alta tensión política, con denuncias cruzadas entre candidatos, advertencias de fraude y una presencia internacional creciente que observa con lupa el proceso. La campaña cerró marcada por la confrontación directa y el desgaste institucional.

Los cierres de campaña evidenciaron dos narrativas opuestas. Por un lado, el oficialismo buscó proyectar control territorial y capacidad de movilización –aunque en materiales de prensa divulgaron fotografías alteradas de actos masivos–, mientras sectores de la oposición denunciaron presiones, uso de recursos públicos y la presencia de estructuras paralelas de movilización política. Diversas denuncias alertaron sobre el papel de colectivos y el involucramiento de sectores militares, alimentando el debate sobre la neutralidad de las fuerzas de seguridad en la etapa poselectoral.

El inicio del período de veda electoral no ha reducido las tensiones. Al contrario, ha coincidido con un aumento del escrutinio internacional. La Unión Europea desplegó observadores en los 18 departamentos del país, en un intento por fortalecer la credibilidad del proceso y contener eventuales escenarios de conflictividad. A este despliegue se suman pronunciamientos de actores multilaterales y advertencias diplomáticas, especialmente en la OEA.

En este contexto, la figura de Salvador Nasralla emerge como uno de los actores centrales del momento político. Su candidatura construyó una imagen de alternativa democrática, basada en un discurso de apertura internacional, fortalecimiento institucional y ruptura con las prácticas tradicionales de clientelismo. En las más recientes mediciones aparece como primera opción electoral.

La última encuesta de Le Voté realizada a nivel nacional entre el 17 y el 18 de noviembre, lo ubica como favorito con 30% de las preferencias, seguido por Nasry Asfura con el 21%, y la oficialista y ex ministra de Finanzas Rixi Moncada con el 14%. Los indecisos alcanzan 19% y un 13% afirma que no votaría por ninguno.

El dato más relevante es la propia intención de voto, que alcanza 62% frente a 17% que dice no asistirá y 16% que aún duda.

Asfura es mejor visto entre indecisos por la mínima, pero Nasralla domina las preferencias entre los muy seguros de votar y los independientes, con buen margen.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el censo electoral definitivo para 2025 alcanza los 6.522.567 votantes habilitados, de los cuales 6.026.477 residen en territorio hondureño y 496.307 están registrados en el extranjero –la mayoría en Estados Unidos. Este padrón récord representa un incremento notable respecto a procesos anteriores.

Transición hacia una política estable

Nasralla ha enfocado su tramo final de campaña en presentarse como una opción de transición política estable, apostando por un discurso de reconciliación institucional y promesas de normalización de las relaciones internacionales. Sin discursos triunfalistas, el candidato liberal ha mantenido una narrativa que busca proyectar gobernabilidad y previsibilidad en un país marcado por ciclos recurrentes de polarización.

Mientras tanto, el oficialismo enfrenta cuestionamientos por actividades proselitistas durante la veda y por la denuncia de uso de estructuras no oficiales para la movilización política en departamentos clave. Estas denuncias han elevado el nivel de alerta entre los observadores extranjeros, que han ampliado su monitoreo de cara al domingo electoral.

Un documento de las Fuerzas Armadas filtrado por el medio local "El Heraldo" revela que en una reunión celebrada el 15 de noviembre en la sede del Ejército en El Ocotal, el general Roosevelt Hernández instruyó a los comandantes a no interponerse ante "acciones de vandalismo o sabotaje" si grupos de simpatizantes del partido oficialista Libre intentaran apropiarse de urnas o material electoral durante la jornada de votación. Según los oficiales presentes, la orden equivaldría a permitir que los llamados "colectivos de Libre" actúen con impunidad, contraviniendo la misión constitucional de custodia del material electoral.

El posicionamiento del alto mando militar ha generado alarma entre sectores de la sociedad civil y opositores, que consideran que esa disposición allana el camino para conflictos y manipulación del resultado.

La controversia se agrava en un contexto de desconfianza colectiva en las instituciones: la instrucción de dejar desprotegidas urnas llega días después de que las Fuerzas Armadas solicitaran al Consejo Nacional Electoral (CNE) tener acceso a las actas de cierre presidencial, una petición rechazada como una injerencia indebida en funciones exclusivas del ente electoral.