Hunter Biden: ¿la «piedra en el zapato» para la reelección de Joe Biden?

En Estados Unidos, la actualidad política se ha anclado a la judicial de una manera no antes vista. En solo cuestión de días, los titulares de prensa han sido copados por, primero, el juicio civil por fraude contra Donald Trump, el candidato favorito de los republicanos para las presidenciales de 2024; y ahora, en la otra orilla, los escándalos judiciales de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden quien busca la reelección por los demócratas a pesar de las críticas por su edad. Lo más sorprendente es que si la justicia se mueve en dirección contraria a su hijo, la edad sería el menor de los inconvenientes del mandatario.

En las últimas horas, Hunter Biden se declaró no culpable de los cargos federales de posesión de armas en Delaware, después de que un acuerdo de culpabilidad por un conjunto previo de cargos de impuestos y armas se desmoronara sin mayor explicación en julio. Entonces, fue acusado por comprar una pistola en 2018 mintiendo al afirmar que no estaba consumiendo drogas, a pesar de que admitió posteriormente que estaba luchando contra su adicción al crack.

Hunter Biden, quien reside en Los Ángeles, había solicitado llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Sin embargo, el consejero especial del Departamento de Justicia, David Weiss, insistió en una comparecencia en persona para evitar la apariencia de dar un trato especial al hijo del presidente, una retórica que ha sido alimentada por las voces más radicales de la oposición en plena época electoral. De acuerdo con el juez de Magistratura de Estados Unidos, Christopher Burke, que la comparecencia sea en persona enfatiza la «integridad y solemnidad de un proceso penal federal», aseguró. El antecedente por el que son tan precavidos tiene que ver con que los republicanos del Congreso han criticado la investigación del Departamento de Justicia y el acuerdo de culpabilidad como un «trato favorable» para el acusado.

La del martes fue la primera audiencia desde que el fiscal general, Merrick Garland, designó al fiscal especial David Weiss como consejero en la investigación, después de que fracasara el acuerdo de culpabilidad inicial. Esto le otorga a Weiss una mayor independencia en el caso, después de pasar años investigando asuntos de impuestos y armas como fiscal de EE UU para Delaware. Aunque Weiss aún debe cumplir con las normas y políticas del Departamento de Justicia, no está sujeto a supervisión diaria de esa dependencia, y Garland solo está autorizado para removerlo en circunstancias limitadas, incluido el incumplimiento de políticas del departamento.

En declaraciones a LA RAZÓN, el profesor de Derecho Constitucional de American University, Emilio Viano, asegura que con la designación «el Departamento de Justicia quiere descrispar el clima político mostrando la voluntad de investigar a todos con la misma profundidad». En el pasado, Garland también designó a un consejero o fiscal especial, Jack Smith, para supervisar dos investigaciones relacionadas con el expresidente Donald Trump. El exmandatario ahora ha sido acusado en ambas investigaciones, una relacionada con su manejo de documentos clasificados y la otra relacionada con los esfuerzos por anular las elecciones de 2020.

Para Viano, «las elecciones en Estados Unidos coinciden con un momento delicado para la imagen de las instituciones». El experto legal considera que «con los casos abiertos al expresidente Donald Trump –los cuales se venían investigando muy detalladamente desde antes que iniciara el ciclo electoral– es posible que el próximo año una gran parte de la sociedad se vea desencantada a votar», expresa.

En el caso de Hunter Biden, sin embargo, no está muy claro todavía qué tanto pueda afectar a su padre. La acusación en su contra lo acusa de engañar conscientemente a un vendedor de armas al comprar un revólver Colt Cobra 38SPL el 12 de octubre de 2018. Se le acusa de llenar falsamente un formulario federal de armas negando que era adicto a narcóticos. Y se le acusa de poseer conscientemente el revólver a pesar de las restricciones contra las personas adictas a las drogas que poseen armas de fuego. Los republicanos han criticado el acuerdo como demasiado indulgente, aunque puede que se enfrente hasta 25 años de cárcel.

Este litigio se está desarrollando de manera paralela a otra pelea política en el Congreso. Allí, la mayoría republicana de la Cámara baja ha abierto una investigación de juicio político («impeachment») a Biden, al que acusan de haber usado su influencia política para favorecer los negocios en el extranjero de su hijo Hunter, algo que ha refutado la Casa Blanca de manera reiterada. Este proceso, sin embargo, no tiene ningún futuro en el Senado controlado por el partido del presidente.