Irak busca atajar la corrupción para vertebrar el país

La corrupción en las instituciones iraquíes se ha convertido en un mal endémico que el primer ministro, Haider al Abadi, está dispuesto a erradicar. El jefe del Ejecutivo iraquí presentó ayer un paquete de medidas para acabar con la flagrante corrupción que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en una votación insólita, en apenas unas horas. Esta decisión de Al Abadi está condicionada al apoyo de la billonaria ayuda internacional que recibe su Gobierno para mostrar a los donantes que es un Ejecutivo en el que se puede confiar. No obstante, tras el «sí» unánime de sus señorías, habrá que esperar a la aprobación del Parlamento, cuya votación podría retrasarse unos días. Las nuevas medidas anticorrupción y otros cambios en el Gabinete propuestos por Al Abadi fueron difundidas ayer en las redes sociales para despertar el interés público. El más significativo de estos cambios es la supresión «inmediata» de los cargos de vicepresidente de la República, actualmente hay hasta tres, y presidente del Consejo de Ministros para agilizar la toma de decisiones en el Ejecutivo. Este medida supondría reforzar el papel de Al Abadi y el fin de la era Al Maliki, que el 8 de septiembre de 2014 se vio forzado a dimitir por su política sectaria. La comunidad internacional achacó a éste el avance imparable del Estado Islámico. El ex primer ministro abusó de sus medidas discriminatorias contra los suníes, creando un descontento entre esta comunidad que supo aprovechar el EI para ganarse apoyos.

Algunos analistas opinan que Al Maliki dio ordenes a su Ejército para que no presentara resistencia cuando llegaron las hordas yihadistas en ciudades como Mosul y Tikrit. «Al Maliki quería crear el caos para tener que declarar la ley de emergencia para impedir la formación de un nuevo Gobierno y así seguir gobernando más tiempo», indica a LA RAZÓN un ex consultor europeo de seguridad. Otro de los cambios que ha planteado Al Abadi es una reforma en la selección de los cargos públicos que elimine las tradicionales cuotas sectarias entre suníes, chiíes y kurdos y que se base en criterios de formación, experiencia y mérito.

Desde que Al Maliki subió al poder en 2005, todos los puestos de responsabilidad y de altos funcionarios eran asignados a chiíes, aunque tuviera menos capacitación que otros candidatos por el mero hecho de ser chiíes. Además, pretende reducir los mandatos de todos los cargos públicos, una medida que afectará desde los miembros del Gobierno hasta las autoridades locales, así como reducir su remuneración eliminando las «asignaciones especiales».

El primer ministro ha abogado igualmente por abrir los casos del presente y del pasado sobre corrupción y por formar jueces y fiscales especializados para garantizar «la mayor imparcialidad» en estas investigaciones.

Una de las instituciones más corruptas es la militar. Difícilmente, las nuevas medidas que propone el primer ministro se podrán aplicar a los militares, un segmento que es intocable.

Existe un término en árabe «fadaiya» que se utiliza como sinónimo de la paga que recibe un capitán de compañía de sus soldados cuando van a ausentarse de su puesto. Los mandos militares no van a querer deshacerse tan rápidamente de ese «extra» que reciben mensualmente, además de sus honorarios engrosados por los «favores» recibidos.

«Cuando el Estado Islámico llegó a Mosul, muchos soldados no estaban en sus puestos sino tranquilamente con sus familias en casa y no pudieron defender la ciudad», denuncia Falah, un ciudadano de Bagdad. En el contexto de la guerra contra el EI, Al Abadi propone transferir cualquier superávit público a las arcas de los ministerios de Interior y Defensa y destinar el mayor número de efectivos posibles a la lucha contra los yihadistas. El Gobierno teme que el descontento acabe afectando a la lucha contra el Estado Islámico, liderada por unas tropas desorganizadas y desmoralizadas.