Irlanda demandará a Reino Unido ante el TEDH por la polémica ley de amnistía para Irlanda del Norte

El Gobierno irlandés ha confirmado este miércoles que presentará una demanda legal «interestatal» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Ejecutivo del Reino Unido por la tramitación de una polémica ley que amnistía a los implicados en crímenes cometidos durante el pasado conflicto en Irlanda del Norte. El proyecto de ley, presentado en 2021 por el entonces primer ministro Boris Johnson como un intento de «poner fin al conflicto», prohíbe investigar los delitos de la época de los «Troubles».

Es la segunda vez que Dublín emprende una acción judicial de esta naturaleza; la primera en 52 años. Durante las tres décadas que duraron los disturbios, los paramilitares republicanos que luchaban por expulsar a los británicos de Irlanda del Norte, los leales al Reino Unido y las fuerzas de seguridad británicas dejaron a su paso un reguero de sangre. Murieron más de 3.500 personas y miles resultaron heridas.

Los críticos de la ley, que recibió el visto bueno real en septiembre pese a contar con el rechazo de los partidos políticos, las organizaciones de víctimas de Irlanda del Norte y el Gobierno irlandés, esgrimen que esta amnistía a los asesinos y elimina el acceso de las víctimas a la Justicia. La legislación puso fin a todas las nuevas investigaciones y acciones civiles relacionadas con el conflicto.

El viceprimer ministro irlandés, Micheál Martin, ha declarado este miércoles que la Ley de Legado y Reconciliación de 2023, aprobada por Londres, es incompatible con las obligaciones adquiridas por Reino Unido con la Convención Europea de Derechos Humanos. «Se ha tomado esta decisión después de considerarlo cuidadosamente. Lamento que nos encontremos en una posición en la que nos vemos obligados a tomar esta decisión», declaró el dirigente irlandés, que ostenta también la cartera de Exteriores.

Martin arguyó que el Gobierno de Londres ha decidido «legislar de manera unilateral» y sin atender a las «preocupaciones legítimas que nosotros, como muchos otros, hemos planteado». «El Gobierno británico eliminó la opción política y solo nos ha dejado esta vía legal», señaló el número dos del Gobierno irlandés, una coalición conformada por democristianos, centristas y verdes.

Recordó, asimismo, que la incorporación de la Convención Europea de Derechos Humanos a la legislación de Irlanda del Norte es un «requisito específico y fundamental del acuerdo del Viernes Santo», el texto firmado en 1998 que puso fin al conflicto en la provincia británica. «Desde que el Reino Unido presentó por primera vez la legislación, este Gobierno ha sido coherente respecto a que no es compatible con la convención. Hemos aprovechado cada oportunidad para dar a conocer nuestras preocupaciones e instar al Gobierno británico a frenar esta legislación», dijo Martin.

El viceprimer ministro insistió en que las víctimas deben de situarse en el centro del debate sobre la citada legislación, a la que se oponen también todos los partidos norirlandeses y organizaciones de derechos humanos. Martin señaló que, en particular, preocupan las «disposiciones que permiten la concesión de inmunidad», así como las que «cierran las vías existentes» para esclarecer «casos históricos», incluidas «investigaciones, investigaciones policiales, investigaciones del Defensor del Pueblo de la Policía y acciones civiles».

El Gobierno británico argumenta que, dado el espacio de tiempo que ha transcurrido desde el final de los «Troubles» –un cuarto de siglo–, es hora de ser realistas y dar el paso. Una premisa que el Gobierno irlandés rechaza de plano. La legislación, subraya Londres, crea una Comisión Independiente para la Recuperación de la Información y la Reconciliación. Pero Martin afirmó que sus análisis «no son un sustituto adecuado» de las investigaciones policiales.

En enero de 2020, Reino Unido reafirmó su compromiso de buscar la pronta aplicación de las disposiciones heredadas de ese acuerdo en un plazo de 100 días, pero no lo hizo. En su lugar, decidió legislar unilateralmente.

Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del Gobierno irlandés. «Está haciendo lo correcto por las víctimas, por el imperio de la ley y por la defensa de los derechos humanos», destacó Grainne Teggart, subdirectora de AI para Irlanda del Norte. Los grupos de derechos humanos afirman que la legislación es un intento apenas disimulado de proteger a los soldados de la persecución judicial. El Consejo de Europa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también han expresado serias reservas sobre la ley.