Israel investiga la prescripción masiva de anticonceptivos a inmigrantes etíopes

El viceministro de Sanidad israelí, Yaakov Litzman, ha anunciado la formación de una comisión de investigación para que determine las razones y quién ordenó que se prescribieran anticonceptivos de forma generalizada a inmigrantes mujeres etíopes, un caso descubierto hace tres meses.

La comisión investigará porque se inyectó de forma masiva Depo-Provera para impedir embarazos, en algunos casos en contra de la voluntad de las mujeres y sin informar sobre efectos secundarios.

Estas inyecciones, que se administran cada tres meses, serían las culpables de la caída de nacimientos entre las mujeres etíopes, ya que en la última década han experimentado un descenso del 50 por ciento. La comisión estará a cargo de Litzman, que anteriormente había negado que se produjesen estos casos, tras la emisión de un documental a principios de diciembre en el que se denunciaba.

El organismo contará además con un miembro de la comunidad etíope, elegida por la parlamentaria Yesh Atid Penina Tamanu Shata, también de origen africano. La diputada ha solicitado a Litzman que la comisión no se convierta en una excusa para cubrir la cuestión.

Aunque el Gobierno ha negado que conociera el asunto, el director general del Ministerio de Sanidad, Roni Gamzu, ordenó el mes pasado a los ginecólogos que "no renovasen las prescripciones de Depo-Provera para mujeres de origen etíope si existe alguna razón que indique que desconocen los efectos del tratamiento".

Gamzu pidió en la orden que recurrieran a un traductor para hacerse entender. Según el documental, que incluye entrevistas a 35 mujeres, algunas de las pacientes recibieron tratamiento por obligación. "Nos dijeron que no debíamos tener más embarazos", denuncia en la cinta una de las afectadas.

"Nos dijeron que quien tenía muchos hijos sufre mucho en la vida, ya que la situación económica sería muy difícil. Por lo que nos pusimos la inyección. Nos la pusieron cada tres meses, pero no queríamos", ha denunciado.

Tamanu Shata ha pedido una investigación completa del asunto para determinar si se trata de una orden del Ejecutivo israelí. La diputada denunció en 2006 que las autoridades sanitarias se negaban a aceptar sangre de los etíopes ante la posibilidad de que estuviera infectada por el virus del sida.