Italia aprueba una ley que sanciona las protestas pacíficas y protege a los policías imputados

El Senado italiano dio luz verde este miércoles al llamado 'decreto de seguridad' impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, que aumenta la protección para las fuerzas del orden y castiga severamente las manifestaciones pacíficas. En medio de fuertes protestas de la oposición, que se plantó ante la Cámara Alta con una sentada simbólica en el hemiciclo, el texto fue aprobado con 109 votos a favor frente a 69 en contra y una abstención.

El decreto llegó al Senado después de ser validado anteriormente en la Cámara de los Diputados con una moción de confianza, una estratagema frecuentemente utilizada por el Ejecutivo de Meloni para acelerar la tramitación de una norma en el Parlamento e impedir la discusión de las enmiendas presentadas por la oposición.

Entre otras medidas, el texto introduce nuevos delitos, sanciones y agravantes de pena ante acciones de desobediencia civil o resistencia pacífica como el bloqueo de carreteras o vías férreas. Se trata, éste último, de un asunto especialmente crítico en Italia que, según los detractores de esta normativa, está pensado expresamente para acallar las protestas contra la línea de tren de alta velocidad que unirá Turín y Lyon, en Francia, así como el proyecto de construcción del puente de Messina, que conectará la península italiana con la isla de Sicilia.

La nueva ley incluye además la “protección jurídica específica” para policías o militares “investigados o imputados por hechos relacionados con el servicio”. Estos “podrán seguir trabajando y el Estado cubrirá sus costes judiciales hasta un máximo de 10.000 euros por cada frase del proceso”, adelantó Meloni tras el consejo de ministros que emanó la normativa, antes de que llegara al Parlamento.

La norma también establece penas de cárcel para acciones de resistencia pasiva por parte de presos en las cárceles, incluye condenas más estrictas contra la ocupación irregular de viviendas e introduce nuevos tipos del delito de terrorismo.

Una de las partes que más polémicas que suscitó durante la tramitación es que las mujeres embarazadas o con hijos menores de un año puedan ser encarceladas con el menor, en lugar de que la pena quede suspendida hasta que éste alcance la edad mínima, como sucede en la actualidad. Una medida impulsada por la Liga, que la 'vendió' como una norma contra las carteristas extranjeras que operan en las líneas de metro de las principales ciudades, pero que afectará a muchas otras en condiciones de vulnerabilidad. “Las mujeres que tienen hijos para robar no son dignas de hacerlo”, dijo durante la discusión parlamentaria el senador Gianni Berrino, de Hermanos de Italia, lo que provocó la indignación de la oposición.

“Es una absoluta vergüenza que revela la idea que la derecha tiene de la seguridad y la disidencia en el país”, subrayaron los senadores del opositor Partido Democrático, mientras el líder del grupo, Francesco Boccia, denunció: “No creo que haya nada más que añadir a lo que hemos escuchado. Este es el significado de la idea aberrante que el partido de Giorgia Meloni, 'mujer', 'madre', 'cristiana', tiene de la seguridad”.

La oposición considera que la nueva normativa restringe el derecho a manifestarse pacíficamente. Una criticidad que también han denunciado asociaciones humanitarias y hasta el comisario por los derechos humanos del Consejo de Europa, un órgano independiente de la UE. Michael O'Flaherty advirtió en una carta dirigida al presidente del Senado, Ignazio La Russa, que el texto reduce los derechos de las personas encarceladas y podría ampliar excesivamente la capacidad del Estado para intervenir en reuniones públicas, como protestas o manifestaciones. El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, también señaló varias objeciones al texto por motivos de constitucionalidad, que obligó al Gobierno a reescribirlo.

Los partidos de la oposición, sindicatos y numerosas organizaciones se manifestaron el pasado sábado en Roma contra el controvertido decreto, con el lema “Frente a un Gobierno de fascistas, hasta la victoria”. Y este miércoles, antes de comenzar la votación final, un grupo de senadores protestó sentándose en el suelo del Senado, frente a los escaños del Gobierno y al grito “¡vergüenza, vergüenza!”.

Meloni, por su parte, defendió la aprobación de la nueva ley como “un paso decisivo para reforzar la protección de la ciudadanía, de los grupos más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres uniformados”.