Política

El Futuro de Venezuela

Jorge Ramos, el periodista valiente que desenmascara a Maduro

El periodista Jorge Ramos muestra el vídeo que enfureció a Nicolás Maduro, y en el que su equipo grabó a un grupo de jóvenes buscando comida en la basura
El periodista Jorge Ramos muestra el vídeo que enfureció a Nicolás Maduro, y en el que su equipo grabó a un grupo de jóvenes buscando comida en la basuralarazon

Jorge Rodríguez y su equipo son el último ejemplo de la persecución de que es objeto la prensa independiente en Venezuela. Fueron detenidos, despojados de su equipo y deportados por los hombres del Maduro tras hacer una serie de preguntas «incómodas» al líder chavista en el mismo Palacio de Miraflores. En los últimos cinco años, 65 emisoras de radio y ocho de televisión, además de 41 medios impresos, se han visto obligados a cerrar sus puertas.

«No los golpeen», gritó una voz al fondo del salón. En el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, los ánimos se caldearon la tarde del lunes cuando Nicolás Maduro se negó a continuar su conversación con el periodista Jorge Ramos, de la cadena norteamericana Univisión. Pasados apenas 17 minutos de una entrevista pactada entre el medio y las autoridades, el líder chavista detuvo en seco la grabación.

Ramos había preguntado sobre el carácter antidemocrático del Gobierno venezolano, las acusaciones de dictadura, los presos políticos y las evidencias de torturas, las dudas sobre los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018... Pero la gota que derramó el vaso fue cuando este periodista de origen mexicano echó mano de una tableta para mostrarle a Maduro un vídeo que él mismo había grabado horas antes en la capital: personas comiendo de la basura. Maduro había dicho que en Venezuela no hay crisis humanitaria, y dio algunas cifras para demostrar su punto, y Ramos le respondió «no es cierto», antes de mostrarle el vídeo.

«Inmediatamente después, el ministro Jorge Rodríguez vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo, no tenemos nada, se quedaron con las cámaras, las tarjetas; las entrevistas las tienen ellos. No quitaron todos los celulares (móviles). Después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media», declaró Ramos al concluir el incidente.

Se dio la alerta, y a las 9:40 de la noche las siete personas del equipo, cinco extranjeros y dos venezolanos, fueron puestas en libertad. Se trasladaron al hotel, siempre seguidos por el Sebin, la policía política del régimen, que permaneció a las afueras del edificio. Después llegó una orden de deportación para los extranjeros (mexicanos y estadounidenses) y devolvieron el móvil a Ramos, el único que pudo recuperarlo. Eso sí, borrándole todo el contenido.

A las ocho de la mañana del martes ya todos estaban en el aeropuerto para abordar el primer vuelo disponible con destino a Miami, Estados Unidos, adonde partieron al mediodía sin volver a ver los equipos robados, y sin recuperar las imágenes que ya habían registrado. Habían sido trasladados en vehículos diplomáticos blindados de las embajadas de México y de Estados Unidos, y escoltados por el Sebin. Los dos venezolanos del equipo, el corresponsal en Caracas Francisco Urreiztieta y un camarógrafo, también salieron de Venezuela en el mismo avión, por recomendación de seguridad de Univisión.

Entretanto, el periodista venezolano Daniel Garrido, corresponsal de Telemundo en Caracas, permanecía desaparecido al cierre de esta edición. Se había acercado en la mañana al hotel donde el Sebin mantenía custodiados a Jorge Ramos y sus compañeros, cuando se comunicó por última vez a sus jefes. Informaciones extraoficiales daban cuenta de que habría sido apresado y trasladado a la cárcel del Helicoide.

El ministro Jorge Rodríguez reaccionó diciendo que «por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos». Pero Jorge Ramos es un periodista osado, con gran reputación y popularidad entre la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. De hecho, su programa se emite también en más de diez países del continente, y no está acostumbrado a achicarse ante nada. Nacido en Ciudad de México hace 60 años, es también conocido como abierto opositor a las políticas de Donald Trump.

Son apenas dos ejemplos de cómo Maduro ha ido cerrando más y más las puertas a la información. Tan solo el fin de semana pasado, seis estaciones de televisión internacionales sufrieron el corte de señal, incluyendo Antena 3, por haber transmitido el concierto Venezuela Aid Live o los sucesos en la zona fronteriza. Desde que comenzó 2019, se ha recrudecido el cerco oficial. Solo en enero, se registraron 40 agresiones a la prensa, de las cuales 19 fueron detenciones arbitrarias contra corresponsales, que en el 90% de los casos terminó también en deportación. Pero la prensa local no se salva. Incluso programas de alta audiencia, como el de César Miguel Rondón en radio o Primera Página en la cadena Globovisión, han sido censurados o sacados del aire, desde el 23 de febrero, día de la designación de Juan Guaidó como presidente interino. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha ordenado que no se mencione en antena el nombre de Juan Guaidó, mucho menos calificarlo de «presidente encargado», so pena de severos castigos que incluyen la cancelación de los permisos de emisión. Tampoco se permite reseñar las protestas contra Maduro, muertos ni detenidos en manifestaciones.

Un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa refleja que en cinco años de gestión de Maduro, hasta el año pasado, se han cerrado 65 emisoras de radio, 41 medios impresos han dejado de circular y ocho canales de televisión no están disponibles en la señal abierta. La alternativa está en los medios digitales, un archipiélago de alcance limitado en un país con la peor conexión de toda la región, y las redes sociales. Pero hasta eso ha quedado bajo la mira de Maduro, que incluso ha llegado a limitar la navegación a través de la compañía estatal Cantv –que gestiona casi 70% de las conexiones– o bloquear páginas e incluso Youtube, para evitar coberturas en directo.