La Asamblea venezolana no pagará a diputados de Capriles

La Asamblea Nacional de Venezuela tiene un nuevo amo y señor. Diosdado Cabello, el presidente del Congreso, gobierna con puño de hierro en el hemiciclo, como si fuera su rancho. Apaga micrófonos, expulsa a diputados, alienta a la violencia e incluso retira sueldos. Atrás han quedado los tiempos en los que Hugo Chávez reinaba con «súperpoderes» a golpe de decretazo. Ahora la estrategia se basa en una dictadura constitucional encubierta, donde se usan las instituciones para legitimar las canalladas chavistas.

La Cámara se ha convertido en tierra sin ley, donde el único «sheriff» es Cabello. La última amenaza: no abonará el salario a los diputados opositores porque no participaron en las sesiones parlamentarias. Ellos aseguran que no lo hacen porque no se les convoca.

«Hoy trabajaron todas la comisiones en la Asamblea y no fueron [los opositores], trabajaron las comisiones con los diputados revolucionarios. ¿Cómo les pago? Yo no les puedo pagar, sería una irresponsabilidad de mi parte si le pago a quien no trabaje», dijo Cabello.

Aunque las comisiones legislativas se mantienen activas, el pleno de la Asamblea Nacional no se reúne desde el 30 de abril, cuando los diputados de ambos bandos llegaron a las manos y catorce (los opositores al chavismo) resultaron heridos de distinta consideración.

La trifulca ocurrió cuando la bancada opositora reclamaba su derecho de palabra, que Cabello les retiró el 16 de abril porque no reconocían a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales celebradas dos días antes.

Se esperaba que el martes, tras alcanzar ambos bandos unos acuerdos, los diputados opositores volvieran a hablar en el Parlamento, pero Cabello no convocó la sesión ordinaria.

«Nosotros como políticos tenemos un santo que es Tomás Moro, porque lo querían obligar a reconocer le legitimidad del rey y él nunca lo reconoció. Él escribió que «no renunciar a la propia conciencia es una buena manera de perder la cabeza. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela, nos quieren someter a una regenta sin darnos el derecho a la palabra y nosotros le vamos a contestar, lo mismo que Tomás Moro», relata el parlamentario Julio Borges a LA RAZÓN.

Justicia internacional

Por su parte, el líder opositor venezolano, Henrique Capriles Radonski, anunciaba que, «en las próximas horas», el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá responder si admite o no su recurso de impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril. Según Capriles, en caso de que éste sea admitido, el proceso «debería durar tres o cuatro meses, si se respetan los lapsos que establece la ley».

En el supuesto de que no sea admitido, la oposición se dirigirá «a todas las instancias internacionales adonde se pueda llevar» el caso, entre ellas el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de cuya Corte el Gobierno venezolano decidió retirarse en septiembre pasado, pero cuya salida no se hará efectiva hasta dentro de un año. Fuentes de la MUD, la mesa que aglutina a los partidos de la oposición, confirmaron a este diario ayer que también piensan acudir a Mercosur en busca de apoyo.

En este contexto de tensión, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó ayer de que 28 personas han sido detenidas por los incidentes violentos que dejaron nueve muertos y unos 70 heridos un día después de las elecciones y que el Gobierno atribuyó a Capriles y sus seguidores, según informa Efe. «Hasta el momento, hay 28 personas privadas de libertad y tres órdenes de captura por concretar», afirmó Ortega en un comunicado.