La izquierda sale en tromba contra Valls

La inmigración es el talón de Aquiles ideológico de la izquierda francesa, que en estos últimos tiempos está demostrando tener un discurso más claro y coherente cuando ejerce de oposición que cuando accede al Gobierno. Esa fractura es la que está evidenciando la polémica levantada por la deportación, la pasada semana, de una joven estudiante kosovar junto a su familia, en situación irregular desde 2009. En el ojo del huracán, de nuevo, el ministro del Interior, Manuel Valls, que desde que saltara la noticia el martes se ha convertido en el blanco de todas las críticas, apenas días después de crear un cisma en la izquierda con sus declaraciones sobre la difícil integración de la población romaní. Como si estuvieran acechando el más mínimo fallo del más «sarkozysta» de los ministros de Hollande, parlamentarios e incluso camaradas socialistas han arremetido duramente contra Valls, cuyo aislamiento dentro del Ejecutivo es directamente proporcional a su popularidad. Y cada vez más entre el electorado conservador.

Si la orden de expulsión de la familia de Leonarda Dibrani parece estar jurídicamente fundada, lo que ha causado indignación son las condiciones en que la joven, de 15 años, fue detenida, durante una excursión escolar y ante el asombro de sus compañeros al ver cómo la Policía estaba esperándola. Desde el primer momento, Valls ha afirmado haber actuado con firmeza y humanidad, «respetando la Ley y los derechos de la persona».

Sólo la ex candidata presidencial Ségolène Royal ha echado un capote al vituperado ministro y ha apelado a la solidaridad gubernamental. En la bancada comunista, se ha llegado incluso a pedir la dimisión de Valls, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Claude Bartolone, anteponía los valores progresistas a la aplicación del Derecho. «Está la ley, pero también los valores con los que la izquierda no puede transigir. A menos que pierda su alma», escribía en un tuit, sin mayor pudor, la cuarta personalidad del Estado. Presionado incluso por el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, y para zanjar la polémica, el titular de Interior ha ordenado una investigación administrativa cuyos resultados se conocerán hoy y deberán esclarecer las circunstancias en que se produjo la expulsión de Leonarda, enterrando así las versiones contradictorias. «Si ha habido error, la familia podrá volver y su caso será reexaminado», prometía Ayrault.

La polvareda levantada a cuenta de la inmigración vuelve a poner contra las cuerdas a François Hollande, que espera el final de la investigación para ganar tiempo antes de pronunciarse.