La lacra de la corrupción lastra la modernización de Ucrania

Es uno de los países más pobres de Europa, donde el dinero negro abarca todas las esferas. Allí es habitual pagar para acceder a servicios públicos como la sanidad.

«A pesar de que se han creado nuevas instituciones, las reformas contra la corrupción aún no han dado resultados concretos y afrontan una fuerte oposición (...) Ningún alto cargo público ha sido condenado por corrupción». Así de demoledor se pronunció en enero el FMI al conceder un nuevo préstamo al Gobierno ucraniano por 3.900 millones de dólares para evitar su bancarrota este año. El organismo analizaba así el rescate de aquel país, emprendido en 2015 con otro crédito que fue abandonado a la mitad por no cumplirse sus exigencias, especialmente en la lucha contra esta lacra.

La corrupción es generalizada, desde las autoridades a la economía informal. La nación está a la cola europea en libertad económica, según la Heritage Foundation, un «think tank» estadounidense nada sospechoso de ser prorruso. En su clasificación, Ucrania ocupa el puesto 147, superado por Haití (143) o Bangladés (121). Los gritos contra la corrupción, centrados en el Maidán a finales de 2013 en la figura del huido ex presidente Viktor Yanukovich y sus allegados, conocidos como «la familia», ahora los abandera el triunfador de la primera vuelta, el cómico Vladimir Zelenski. El actor, que se postuló justo antes de Año Nuevo, es visto como una alternativa a dos candidatos que llevan tres décadas rondando el poder: el presidente actual, Petro Poroshenko, y la ex primera ministra Yulia Timoshenko.

Sin embargo, incluso el líder de los «indignados» no se libra de las sombras de sospecha. Los medios ucranianos revelaron hace pocos días que tiene una villa de cuatro millones de euros en Italia que no ha declarado en su patrimonio. Y, además, tiene una estrecha vinculación con el dueño del canal 1+1, el oligarca Igor Kolomoisky. Su banco, Privatbank, tuvo que ser intervenido al dejar un agujero de 5.600 millones de dólares en las arcas públicas, y este magnate exiliado de tres nacionalidades ha sido acusado de robo.

En cualquier caso, la corrupción no solo es un problema de las altas esferas. El motivo es que el país es uno de los más pobres de Europa, con tasas de inflación de dos dígitos y una renta per cápita que rondaba los 2.100 euros anuales en 2017, por debajo de sus vecinos regionales y varias veces menor que los 24.160 euros de España, según los datos del Banco Mundial. Por ello, la economía informal abarca todas las esferas de la vida, y es habitual el pago para poder acceder a ciertos servicios públicos. Por ejemplo, los doctores han llegado a cobrar a los enfermos para poder adquirir el material que no llega debido a los dispendios en comisiones, como denunció la médico, activista de Maidán y posteriormente ministra de Sanidad Ulana Suprun, a quien, por cierto, una corte le prohibió en febrero que ejerza más el cargo a raíz de una denuncia del Partido Radical de Oleg Lyashko, próximo a Timoshenko, por supuestamente haber sido nombrada irregularmente en 2016. Esta acción ha sido vista en medios ucranianos, como el «Kyiv Post», como un boicot a su reforma de la sanidad.

En este contexto, las elecciones se produjeron ayer en el punto más bajo de credibilidad de las autoridades. Según un sondeo de la agencia Gallup, solo un 12% de los ucranianos esperaba unas elecciones limpias. Asimismo, apenas un 9% cree en su Gobierno, frente al 48% promedio en la repúblicas ex soviéticas; y un 91% denuncia que la corrupción envuelve a las autoridades, frente al 82% que afirma que esta lacra afecta a las empresas.