La ONU considera la persecución a los rohingyas como «intento de genocidio»

Un año después de la barbarie, la comunidad internacional comienza a pedir responsabilidades. Un informe de la ONU publicado ayer asegura que existen elementos de «genocidio internacional» en la operación militar llevada a cabo contra la minoría rohingya en Birmania. Debido a la gravedad de los hechos, Naciones Unidas pide que los responsables de las Fuerzas Armadas sean juzgados por un tribunal internacional ya sea la Corte Penal Internacional (CPI) o un tribunal penal creado «ad hoc» para enjuiciar estos crímenes. Mientras tanto, deben imponerse sanciones individuales contra los presuntos culpables de la represión contra esta minoría musulmana y un embargo armamentístico contra el país.

La Comisión Europea consideró ayer como «oportuno» y «crucial» este informe de cara la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar en el mes de septiembre y recordó que los Veintiocho siempre han defendido que los culpables de la masacre sean llevados ante la Justicia.

Los hechos comenzaron el 25 de agosto, cuando un grupo insurgente calificado como terrorista por el Gobierno, el Ejercito de Salvación Rohingya de Arakan, causó más de un centenar de muertos en un ataque contra puestos militares y policiales. Estos ataques desencadenaron un nueva operación militar contra esta minoría musulmana, que aglutina a un millón de personas en un país de 55 millones de habitantes de mayoría budista. Esta reacción ocasionó el éxodo de unos 725.000 de rohigyas rumbo a Bangladés. «Los crímenes cometidos en el estado de Rakain, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional», señala el informe.