La puja distributiva entre macroeconomía y planes sociales, desafío de Rousseff

La continuidad de los programas sociales que benefician a casi cincuenta millones de personas sin que ello desestabilice el rumbo de la economía será uno de los principales desafíos de la presidenta Dilma Rousseff para su segundo mandato obtenido en las elecciones de hoy en Brasil.

Una de sus principales banderas de campaña y arma usada contra la oposición durante la disputa electoral, la gama de programas sociales, entre ellos los de transferencia de renta, también fue objeto de críticas por parte de los rivales de Rousseff, quienes se comprometieron a mejorarlos.

La clave, de acuerdo a los analistas, es sincronizar la marcha de la macroeconomía con la continuidad de los planes “Luz para Todos”, “Mi Casa, Mi Vida”, el conjunto de diferentes tipos de becas y acciones afirmativas para la educación superior y, principalmente, “Bolsa Familia”, que beneficiaron a la población más pobre del país.

Allí radica una de las fortalezas del voto que reeligió a la economista contra el opositor Aécio Neves.

“Más que una ecuación es también un parámetro de credibilidad del nuevo presidente, porque la promesa de mantener los programas estuvo siempre sobre la mesa y es un asunto para ser abordado con mucho tacto por parte del equipo económico y social del nuevo Gobierno”, comentó a Efe la economista Lucia Andrade.

Para Andrade, de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC), Rousseff comenzará su segundo mandato con un país “que pierde cada vez más credibilidad en el mercado internacional” por sus datos económicos, pero que a su vez “gana reconocimiento con sus avances sociales”.

Según un estudio divulgado este mes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esa política le permitió a Brasil reducir el porcentaje de brasileños en la pobreza desde el 24,3 % en 2001 hasta el 8,4 % en 2012, y la pobreza extrema desde el 14 % hasta el 3,5 %.

Por eso fue retirado del llamado “Mapa del Hambre” de la FAO.

Para garantizar la manutención y ampliación de los programas sociales y aumentar las inversiones, principalmente en infraestructura, Rousseff deberá sentar bases para la recuperación de la economía, técnicamente en recesión, y controlar la inflación, actualmente en el techo tolerado por la meta del Gobierno.

Después de acumular dos trimestres consecutivos sin crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), Brasil enfrenta lo que los economistas consideran como una recesión técnica, aunque la previsión del Gobierno y de los analistas es de que el país termine el año con un escaso crecimiento.

Tras expandirse un 2,7 % en 2011, la economía de Brasil avanzó 1,0 % en 2012, y en 2013 se recuperó ligeramente, con una mejora del 2,3 %, pero la proyección de los economistas del mercado para 2014 es de un tímido crecimiento del 0,30 %.

En cuanto a la inflación, la proyección de los analistas es que Brasil termine el año con una subida de los precios del 6,30 %, muy superior al centro de la meta del Gobierno (4,50 %) y casi en el límite máximo tolerado por el Banco Central (6,50 %).

La inflación en alza provocó que el Banco Central elevara las tasas de intereses a sus mayores niveles en cuatro años y el consecuente encarecimiento del crédito redujo el consumo familiar, aumentó la desconfianza de los empresarios y menguó las inversiones.

Con una clase media en expansión, pero ahora con dificultades de acceso al crédito, una encuesta de la empresa de búsqueda laboral Catho sobre los desafíos del próximo presidente, señaló que el 61,1% de los entrevistados pide una reducción de impuestos, mientras que el 14,1 % solicitó menos burocracia para las pymes.

Un 14,1 %, en tanto, quiere más cursos gratuitos de cualificación y un 9,2 % prefiere los programas estatales de oferta de empleo.

En su segundo mandato, Rousseff deberá ampliar también, con más acciones, su respuesta a las reivindicaciones de las protestas multitudinarias del año pasado, en las que millones de brasileños que salieron a la calle el año pasado para exigir mejores servicios públicos, con énfasis en la educación.

Esas nuevas demandas no atendidas de la nueva clase media, como mejorías en los servicios públicos de salud, educación y transporte, motivaron las manifestaciones protagonizadas en junio de 2013 por millones de brasileños y figuraron entre las promesas electorales de todos los candidatos.