La UE expulsa sólo a un tercio de los inmigrantes que recibe

La Unión Europea se enfrenta a uno de los mayores retos de su toda su historia: la inmigración. Los flujos de inmigrantes ilegales que llegan a las costas griegas e italianas por cientos y las muertes de miles de personas en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas han provocado que Europa se plantee cómo afrontar no sólo la inmigración ilegal sino el asilo político o la gestión de fronteras. El principal eje de la Agenda Migratoria Europea, presentado recientemente por la Comisión Europea, es devolver a la mayoría de los inmigrantes que alcancen las fronteras de forma ilegal. Las redes de traficantes se aprovechan de que el sistema de retorno de la UE para devolver a los migrantes irregulares, o aquellas personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada, «funciona de forma imperfecta». Desde Bruselas se reconoce que las decisiones de retorno que se ponen en marcha son «relativamente pocas».

«Según Eurostat, de las aproximadamente 425.000 personas objeto de una decisión de retorno en 2013, sólo 167.000 abandonaron la UE. El esfuerzo para desmantelar las redes de traficantes depende mucho también de la capacidad de disuadir a los potenciales migrantes irregulares de emprender el viaje», añade la Agenda. En este contexto, la Comisión propondrá además que se modifique la base jurídica de Frontex para reforzar así su papel en materia de retorno.

Bruselas buscará, por un lado, que los terceros países «cumplan con su obligación internacional de readmitir a sus propios nacionales que residen ilegalmente en Europa». Por otro, que los Estados miembros apliquen la directiva sobre el retorno. Su objetivo es agilizar todos los procedimientos, con las garantías «de un trato humano y digno de los retornados y un uso proporcionado de las medidas coercitivas». Precisamente es esa política de retorno la que exigen a Italia que aplique «como es debido» países como Francia o Alemania si quiere que los socios europeos le respondan con solidaridad para atajar la inmigración ilegal.

Mientras Europa busca una estrategia común, países como Hungría anuncian el levantamiento de una valla en su frontera con Serbia porque «no puede esperar más» a tener una solución europea. La gestión de las fronteras exteriores de la UE son competencia de cada país y aunque desde Bruselas no se fomenta que se creen vallas, como ocurre también en Ceuta y Melilla, no está prohibido.

En el Mediterráneo, Italia tomó las riendas poniendo en marcha el programa de rescate y salvamento «Mare Nostrum» en octubre de 2013 como medida urgente después de la tragedia en Lampedusa, donde 300 personas fallecieron ahogadas en la costas de la isla italiana. En un año ayudó a salvar la vida de 150.000 personas. Pero Italia no podía en solitario continuar esta batalla y, desbordada, clamaba ayuda. Y Europa respondió tibiamente, elevando el presupuesto del programa europeo que sustituyó al italiano, «Tritón», hasta igualar a su predecesor. Hizo falta una cumbre de líderes europeos para que esta iniciativa volviera a contar con nueve millones de euros mensuales.

Después de reforzar Frontex con más de 77 millones de euros, los Veintiocho se encuentran bloqueados en las negociaciones para solventar cómo proceder con la estrategia de refugiados políticos, tan sólo una parte de la inmigración que llega a la UE. De este grupo quedan excluidas todas aquellas personas que hayan alcanzado las costas europeas por motivos económicos.

La Comisión presentó una propuesta de cuotas en la que pedía más solidaridad en la acogida de asilados políticos, repartiendo el peso «de una forma justa y equitativa» entre los Estados miembros. Las puertas de entrada a la Unión Europea son los países del Mediterráneo en su conjunto, pero Alemania fue el año pasado el país con mayor número de demandas de asilo.

La UE ha pedido la acogida de 60.000 en dos años, 40.000 de ellos nacionales de Siria y Eritrea que ya se encuentran en territorio comunitario, y los 20.000 restantes serían plazas nuevas a dividir de forma obligatoria entre los Estados miembros. España tendría que asumir la llegada de cerca de 6.000 refugiados. El simple hecho de que sea propuesto como una imposición desde Bruselas ha hecho saltar las alarmas de muchos países europeos, como España, que sólo contemplarían un sistema de cuotas si tiene un carácter voluntario. Sin embargo, la Comisión insiste en su obligatoriedad para que pueda funcionar. Alemania y Francia también se oponen al porcentaje que se les ha asignado, y el presidente François Hollande rechazó que imponer cuotas sea la solución al problema migratorio.

Un total de 103.000 refugiados e inmigrantes habrían llegado por mar a Europa en lo que va de año: 54.000 a Italia, 48.000 a Grecia, 920 a España y 91 a Malta, según los últimos datos publicados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

La Unión Europea se centra en contener los principales flujos que llegan desde las cinco rutas identificadas hacia Europa. La ruta de África occidental, de países como Chad, Guinea y Guinea-Bissau; el Mediterráneo este, con Siria, Afganistán e Irak; el Mediterráneo oeste, que engloba también a Siria, Guinea y Costa de Marfil; la ruta de los balcanes, con Kosovo, Afganistán y también Siria; y por último, la ruta del Mediterráneo central, atravesada por ciudadanos de Gambia, Senegal y Somalia.