Las ejecuciones sumarias de las Fuerzas de Seguridad venezolanas

Naciones Unidas pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que intervenga ante la inacción de Maduro.

Dexy González recorre de nuevo las calles de Isabelica en Valencia, Venezuela, para comprar comida. Ella vive en un cerro, pero baja hasta aquí donde se encuentra el Mercal –el «súper»– con precios subsidiados al que suele acudir. Ahora el barrio luce en relativa calma pero en el pasado se convirtió en escenario de lucha. En estas mismas calles asesinaron a su hijo. Casas bajas teñidas de azul y rojo, descoloridas, reflejo de la decadencia y crisis que vive el país. La Isabelica fue durante 2017 un búnker opositor donde los jóvenes protestaban con furia contra el régimen de Nicolás Maduro. El 10 de julio Rubén Darío González Jiménez, de 16 años, cayó abatido. Una herida con entrada y salida en la zona pectoral. El joven participaba en el denominado trancazo –corte– en la avenida principal, fue allí donde presuntamente, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó.

González tenía planes de sacar a su hijo del país y llevarlo a Colombia, a fin de evitar que continuara exponiendo su vida en las protestas. Pero no llegó a tiempo. «Le dije que no saliera, pero él no hizo caso. Nunca me dieron mayores datos, insistí ante la fiscalía, pero como no había testigos dispuestos a declarar, nadie de la Policía fue preso. Tampoco hubo investigaciones internas». Le damos la buena nueva: «La ONU pide que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue los abusos, torturas y muertes en Venezuela». Dexy frunce el ceño, escéptica. «Dudo mucho que al final hagan algo, informes y debates, es lo mismo que la OEA», dice.

Y es que estos anuncios hay que tomarlos con la misma calma y burocracia con las que la ONU se toma todo lo que acontece en Venezuela. Diplomacia le llaman. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó ayer que la CPI, «se implique» en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela «dada la impunidad generalizada» y la inacción del Estado.

Para empezar las dificultades son máximas ya que el régimen no permite el acceso a los investigadores, ni envía la información solicitada. Por tanto, la oficina del Alto Comisionado publicó su segundo informe elaborado a distancia, con testimonios y algunas pruebas entregadas por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio. Pruebas que por otro lado, habría que preguntarse por qué no las publicó antes, cuando estaba en el cargo. Básicamente el informe confirma que en Venezuela impera la ley de plomo, con un Estado ausente que mira para otro lado e incluso, perpetra las matanzas.

Concretamente documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas entre 2015 y 2017 y a partir de 2017. La fiscalía general registró 505 muertes a manos de las Fuerzas de Seguridad –aunque otras organizaciones elevan la cifra a más 1.000– que seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los «criminales» sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos. Y la lista sigue: torturas, detenciones arbitrarias... En cualquier caso todavía quedará mucho hasta que veamos a Maduro sentado en La Haya, en el mismo banco que en su día ocuparon dictadores como Milosevic. Aunque pesos mayores han caído.