El líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho cumple un año en prisión sin ser juzgado

El principal opositor al Gobierno de Bolivia, Luis Fernando Camacho, cumple un año en la cárcel. Su encierro todavía es una «detención preventiva», pues todavía no ha sido condenado ni sometido a juicio. Tiene seis procesos abiertos en los tribunales por la Fiscalía del país, dos de ellos con acusación formal y a la espera de audiencias orales.

Es el gobernador de Santa Cruz, emblemática provincia que siempre se opuso al sector encabezado por el expresidente Evo Morales, y el 28 de diciembre de 2022 fue detenido por la Policía nacional, que ejecutó una orden que permanecía congelada desde dos meses antes.

Camacho fue ingresado a la prisión para estar allí por cuatro meses, investigado por presunto terrorismo por su participación en la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones consideradas como fraudulentas.

El opositor lideró las masivas protestas que duraron 21 días y dejaron 37 fallecidos en las calles, un estallido que respondía a las denuncias de fraude electoral de un morales que aspiraba su cuarto mandato, después de que los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciaron vicios en los comicios. En noviembre de aquel año incluso redactó una carta de renuncia para que Morales la firmara, aunque nunca pudo entregársela.

Su detención en 2022 ocurrió justo cuando encabezaba protestas con corte de vías por 36 días en contra del Gobierno de Luis Arce. Cuando fue arrestado más reclamos, huelgas en su región y enfrentamientos entre sus seguidores y los cuerpos policiales, con quema de coches en Santa Cruz. Era la reacción al operativo que resultó con un detenido, a pesar de que Camacho usaba un anillo de seguridad de 45 personas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo entonces que al gobernador lo custodiaban funcionarios entrenados en Israel y Estados Unidos.

Para el abogado del gobernador, Martín Camacho, el juez no valoró las pruebas de descargo que presentó la defensa «para desvirtuar riesgos procesales como el peligro de fuga y obstaculización de la justicia», que son las causales para la prisión preventiva. La Fiscalía, que había pedido seis meses de prisión preventiva, dijo que se cumplieron «todos los procedimientos legales».

Luis Arce gobierna Bolivia desde 2020, y con él regresó el partido MAS de Morales –su padrino político– al poder después del Gobierno temporal de Jeanine Áñez, ahora también encarcelada y condenada por golpe de Estado. A Camacho se le imputó el delito de terrorismo en el caso «Golpe de Estado I», que abrió Lidia Patty, una exdiputada del MAS.

Desde la cárcel de Chonchocoro, una prisión de máxima seguridad, el funcionario rige Santa Cruz, pues sigue siendo el gobernador electo y en funciones, y «blindado» en el cargo por la Asamblea Legislativa Departamental al aprobar la «ley de ausencia temporal».

La defensa lo califica como un preso político y denuncia como interesados todos los reveses judiciales que han tenido que enfrentar en las distintas oportunidades que han solicitado afrontar los procesos judiciales en libertad, incluso por razones de salud. Camacho padece del síndrome Churg-Strauss, que lo obliga a recibir inmunoglobulinas cada 21 días.

«Lo hemos visto muy deteriorado», ha dicho su abogado Martín Camacho. Agregó que el gobernador tiene fortaleza mental y espiritual, pero físicamente aparecen secuelas. Informó que se ven una vez a la semana, y cada vez más delgado. El abogado ha denunciado que el sistema judicial ha negado solicitudes de asistencia médica especializada y hasta nutricional.

A Camacho el expediente se le ha abultado. Fueron incorporados los delitos de seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, con cada uno de ellos generando más órdenes de detenciones preventivas que se han ido acumulando.

La Fiscalía le atribuye también miento de deberes por la supuesta compra ilegal de un vehículo, y de legitimación de capitales por lo cual le bloquearon cuentas bancarias incluso a su hermana, Rosa Camacho. En este último, su defensor denuncia que la Fiscalía recicla supuestas pruebas para generar más acusaciones a partir de una misma causa.

El abogado con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona había ganado notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.

Apoyó a Jeanine Áñez cuando cayó Evo Morales, pero luego hubo una ruptura cuando ambos lanzaron candidaturas presidenciales en 2020. En esos comicios, Arce resultó triunfador, con Carlos Mesa en segundo lugar y Camacho en el tercer puesto. Áñez se retiró de la contienda. En 2021 fue electo gobernador de Santa Cruz.

Camacho no es el único procesado por los hechos de 2019. Más de medio centenar de líderes opositores y militares están en prisión y procesados por supuesta conspiración y terrorismo también, además de Áñez, la única que ha sido condenada a 10 años de prisión.