Francia se echa a la calle en una huelga general contra los recortes del Gobierno

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, denunció este jueves que desde primera hora de la mañana se han detectado intentos de bloqueos y de sabotajes durante la jornada de huelgas y manifestaciones convocadas en toda Francia por los sindicatos, que exigen la retirada de los ajustes presupuestarios del anterior Gobierno.

En declaraciones a la prensa, durante una ronda con las fuerzas del orden al sur de París, Retailleau indicó que hubo “intento de bloqueos” en la capital y en los alrededores, citando un garaje de autobuses urbanos y “un intento de sabotaje en una red de agua en Bretaña”. Advirtió además que la consigna dada a policías y gendarmes es “ir al contacto” desde el momento en que se registren ataques contra bienes o personas.

Los servicios de información policial han estimado que hasta 900.000 personas podrían participar en las protestas. El Ministerio del Interior ha desplegado 90.000 policías y gendarmes y 24 vehículos blindados, un nivel de seguridad no visto desde las protestas de los Chalecos Amarillos de 2018-2019.

Los paros en el transporte han sido notorios desde primera hora: en París, solo 3 de las 16 líneas del metro —las automáticas sin conductores— funcionan con normalidad, mientras que el resto circula de forma muy irregular. En los trenes, se mantiene el 90 % de los TGV, pero solo circula la mitad de los intercities y alrededor del 60 % de los regionales.

La huelga también golpea al sector educativo, donde según los sindicatos, un tercio de los profesores ha decidido sumarse a la convocatoria.

Presión sobre el nuevo primer ministro

La de hoy es una convocatoria conjunta de los ocho principales sindicatos de Francia, que apuntan directamente al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, una figura muy cercana a Emmanuel Macron. Exigen que abandone el proyecto presupuestario de su predecesor, François Bayrou, que incluía recortes de casi 44.000 millones de euros, la congelación de prestaciones sociales, la reducción del salario de los funcionarios y la supresión de dos festivos nacionales.

Los sindicatos reclaman que el Ejecutivo “abra sin tardar discusiones sobre sus reivindicaciones”, entre las que destacan la revalorización salarial, la mejora de las carreras profesionales, la igualdad de género en el empleo y el fortalecimiento de la red de seguridad social.

La magnitud de las protestas también representa una prueba de fuego para Lecornu, que busca el apoyo del Partido Socialista para aprobar un nuevo presupuesto y dar estabilidad a un Parlamento profundamente dividido. El líder socialista, Olivier Faure, ha advertido que si el Gobierno no escucha las demandas sociales, está dispuesto a “torpedearlo una tercera vez”.

El contexto económico añade presión: la agencia de calificación Fitch recortó la nota crediticia de Francia tras el colapso del Ejecutivo de Bayrou, reflejando la preocupación por un déficit que este año podría alcanzar el 5,4 % del PIB.

Algunos sectores socialistas plantean un impuesto mínimo del 2 % a patrimonios superiores a 100 millones de euros, inspirado por el economista Gabriel Zucman, como condición para colaborar con el nuevo Gobierno. Otros, como el expresidente François Hollande, piden moderación y negociación para “evitar un nuevo colapso” y tranquilizar a los mercados financieros.

Mientras tanto, en las calles, los sindicatos buscan demostrar que la presión popular puede obligar a Sébastien Lecornu a ceder o, de lo contrario, precipitar la caída de su Gobierno apenas semanas después de asumir el poder.