Maduro abre una pugna con el Ejército al arrestar a tres generales

El presidente Nicolás Maduro volvió a montar el «show» ante sus invitados. El mandatario bolivariano aprovechó ayer la visita de los cancilleres de Unasur para anunciar la detención de tres generales que, junto con miembros de la oposición, «estaban planeando un golpe de Estado»

El presidente Nicolás Maduro volvió a montar el «show» ante sus invitados. El mandatario bolivariano aprovechó ayer la visita de los cancilleres de Unasur para anunciar la detención de tres generales que, junto con miembros de la oposición, «estaban planeando un golpe de Estado». «En la noche de ayer, capturamos a tres generales de la Aviación que veníamos investigando, gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tres generales que pretendían alzar a la Fuerza Aérea contra el Gobierno legítimamente constituido», denunció el mandatario. Maduro no dio los nombres de los militares arrestados, sólo confirmó que están ya a la «orden de tribunales militares». Aseguró que el plan se descubrió gracias a «la conciencia de otros oficiales que vinieron alarmados diciendo que los estaban convocando a un golpe de Estado». Los altos mandos castrenses detenidos tenían un «vínculo directo con sectores de la oposición», que, dice Maduro, está «dubitativa» entre la ruta electoral y «el camino del atajo, la aventura, el inmediatismo, la violencia, el caos y la desestabilización».

Tras el anuncio de la detención de los supuestos golpistas, el jefe de Estado insistió en que su país está bajo un «golpe de Estado continuado» en su contra. Desde el 12 de febrero se registran a diario en Venezuela protestas contra su gestión, algunas de las cuales han degenerado en hechos de violencia que han costado la vida a 35 personas, con unos 400 heridos y unos 2.000 detenidos, según datos de la Fiscalía. «Hay 35 víctimas que perdieron la vida y todas, todas, todas, caso por caso (...) está vinculado y es responsabilidad directa de estos hechos violentos que se han dado por llamar guarimbas [barricadas]», declaró ante los cancilleres de Unasur. No habló nada de la violencia desatada en otras protestas, ni en las calles ni de las víctimas directas de la brutal represión policial. En total, según Maduro, se han contabilizado 16.270 «hechos violentos» que requirieron la actuación de las Fuerzas de Seguridad.

No es la primera vez que el presidente anuncia sabotajes perpetrados por la CIA, por el Imperio, por venezolanos que residen en Miami y, en general, cualquiera de los grupos a los que sitúa dentro de «la boliburguesía». Durante los pasados comicios acusó a sicarios colombianos de estar detrás de los cortes de luz, e incluso un joven director de cine norteamericano fue arrestado por realizar labores de espionaje, algo que más tarde quedó descartado. En la actualidad, Maduro sostiene que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe dirige en la sombra una conspiración para asesinarle.

En cualquier caso, Maduro reveló esta intentona alcista aprovechando la visita de la comisión de los cancilleres del Unasur. Ante ellos insistió en que el propósito es que la comisión «pueda sacar conclusiones que ayuden a Venezuela a fortalecer el clima de paz, a fortalecer aún más la democracia, a ir consolidando todos los mecanismos de diálogo». Aunque países como Colombia y Paraguay no ven con buenos ojos la represión que sufren los estudiantes que protagonizan las protestas, no se espera una condena enérgica. Y es que la mayoría de los países del sur tiene algún tipo de dependencia con el Gobierno bolivariano, ya sea por los acuerdos energéticos, o por sus exportaciones a Venezuela.

A este frente político se le añade a Maduro el reto de la diputada opositora María Corina Machado, que podría correr la misma suerte que los tres generales y su compañero Leopoldo López. Machado regresará hoy a Venezuela «para seguir luchando en las calles» contra el régimen de Maduro. «Quiero anunciar que el día de mañana voy a regresar a mi país, porque soy diputada y como tal volveré para seguir luchando en las calles venezolanas, sin descanso, hasta que conquistemos la democracia y la libertad», señaló en una rueda de prensa en la sede del Congreso peruano tras reunirse con un grupo de parlamentarios, entre ellos el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaunde.

Anunciaba esta decisión después de que el presidente de la Asamblea Nacional de su país, Diosdado Cabello, anunciara que Machado había perdido su condición de diputada por haber aceptado ser representante alterna de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes para intervenir ante el organismo. Cabello anunció que sería acusada de «traición a la patria».

Ayer Corina Machado se reunió durante horas con sus asesores jurídicos. Sin embargo, éstos adelantan que será difícil definir acciones legales en un país donde el propio Gobierno interpreta la Constitución a su manera. José Amalio Graterol, uno de los abogados de Machado, aclaró a LA RAZÓN que «la figura de la destitución de un diputado no existe en ninguna ley venezolana» y agregó que le correspondería al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interpretar la Carta Magna y a la Fiscalía General de la República pronunciarse sobre el delito que habría cometido Cabello. «La Fiscalía debería privar de libertad en su residencia a Diosdado Cabello por un delito en flagrancia al haber usurpado todos los poderes del Estado en un acto público».

Ya ni siquiera se respetan los formalismos. Hasta el momento, el Gobierno se tomaba la molestia de maquillar sus maniobras con el sello del TSJ, a sabiendas de que los jueces oficialistas responden a su causa. Como por ejemplo cuando el Supremo validó las controvertidas elecciones presidenciales que supuestamente Nicolás Maduro ganó por un puñado de votos. Pero en esta ocasión, Cabello decidió en tomar medidas propias del Poder Judicial, demostrando que la «línea roja» se cruzó hace tiempo.