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La fractura del chavismo fuerza una marcha atrás en el golpe de Estado

El Tribunal Supremo suspende la sentencia que anulaba los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, después de que el presidente venezolano solicitara una revisión de la medida ante las denuncias de la fiscal general y el estallido de las protestas sociales

  • Un opositor se manifiesta en la calle contra el Gobierno de Nicolás Maduro, hoy en Caracas.
    Un opositor se manifiesta en la calle contra el Gobierno de Nicolás Maduro, hoy en Caracas.
Caracas.

Tiempo de lectura 4 min.

02 de abril de 2017. 03:19h

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Caracas. 1/4/2017

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio ayer un paso atrás en las sentencias número 155 y 156 que retiraban los poderes a la Asamblea Nacional, eliminaban la inmunidad parlamentaria de los diputados y otorgaban las competencias legislativas al Gobierno de Maduro. El movimiento judicial fue interpretado como un golpe de Estado e incluso como una ruptura del «orden constitucional». Pero no fue solamente la presión internacional y las protestas de los sectores opositores los que lograron el salto atrás, fueron las divisiones internas del chavismo. Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, del círculo de amistades de la primera dama, Cilia Flores, y defensora de políticas gubernamentales tan polémicas como el encarcelamiento de Leopoldo López, criticó que las sentencias del máximo poder judicial demostraban la ruptura de facto del hilo constitucional. Sus declaraciones supusieron una palanca para la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que hizo un llamamiento de movilización ciudadana en las calles de Venezuela.

Las grietas en el chavismo se venían produciendo desde hace aproximadamente un año cuando Ortega Díaz se había desmarcado de algunas de las posiciones del Gobierno venezolano. En una ocasión denunció que había sido maltratada por unos funcionarios de la Guardia Nacional en una alcabala y posteriormente trascendió que la delincuencia vinculada al oficialismo secuestró a su hijastra. Las diferentes corrientes que hacen vida dentro del chavismo (militares y civiles) han ido afianzándose en los últimos meses y ahora se suma una tercera vía de personas que acompañaron en un momento al fallecido presidente Hugo Chávez, pero que ahora se deslindan de Maduro y su polémica gestión. Algunos nombres que se sumarían a los de la fiscal general son los de Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro, ambos ex ministros de Chávez.

Para Maduro fue una jugada inesperada y que le cogió por sorpresa. Por ello convocó de emergencia al Consejo de Defensa de la Nación, que es uno de los órganos que brinda asesoría al jefe de Estado en materia de orden interno. Dijo que se debía solventar el «impasse» y que se debía garantizar que los poderes públicos estuviesen en manos de personales leales a la patria. «No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal como no sabía nada de la sentencia número 156 que emitió la Sala Constitucional. Me siento pleno de presidir un Estado donde hay independencia de poderes», sentenció el mandatario. El pronunciamiento de diferentes países, portavoces y organismos internacionales hizo presión en el poder Ejecutivo. No obstante, para Maduro, Venezuela está siendo objeto de un «linchamiento comunicacional e internacional». A las 2 de la madrugada (hora local) el Supremo reculó e hizo unas modificaciones a las sentencias que devuelven la inmunidad parlamentaria y las competencias al Parlamento. No obstante, esto fue insuficiente para detener la agenda de protestas de la oposición en Caracas y algunas localidades del interior del país. El presidente del Supremo, Maikel Moreno, hizo unas breves declaraciones en las que aseguraba que había completa independencia de poderes, pero contradictoriamente admitió que habían acatado la recomendación del Codena. «La decisión de la fiscal es respetable por cuanto es venezolana y tiene su opinión, allí se demuestra el talante democrático del país», sentenció Moreno. Contradiciendo lo que sostuvo Maduro en la madrugada, Moreno aseguró que no había conflicto entre poderes y que la instancia que él preside simplemente actúa como árbitro cuando hay diferentes opiniones. Sentenció que no hay impasses ni con la Asamblea Nacional, ni con la Fiscalía. Bajo la consigna de «Calle, calle», la oposición se instaló en la Plaza Brión de Chacaíto y, sorteando la represión, se fueron por la principal autopista de Caracas hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. Jóvenes, ancianos y diputados rompieron, con empujones y gritos, el piquete de los organismos de seguridad para continuar su paso. Más adelante, fueron reprimidos con gases lacrimógenos, aunque sin saldo de víctimas que lamentar. La idea de los marchistas era exigirle a Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo, un pronunciamiento ante la violación de la Constitución y el irrespeto a la voluntad de quienes votaron por una AN mayoritariamente opositora.

Mariana Pérez acompañó la concentración opositora de este sábado y dijo que había que dar un cambio político en Venezuela. «Esto es una dictadura, con todas sus letras, además militarista. ¿De qué otra forma se puede llamar a todo lo que estamos viviendo? No saldremos de la calle. Ahora es que le toca demostrar a los diputados para qué los elegimos. Calle y más nada», añadió. Por su parte, Julio Borges, presidente del Parlamento, y uno de los más afectados por las decisiones del Supremo afirmó que no saldrán de las calles hasta que se recupere el hilo constitucional. Asimismo dijo que próximamente anunciarán una agenda de protestas continuas en la calle hasta lograr derrocar al régimen de Maduro. Ya para el martes está previsto que los diputados irán desde Plaza Venezuela hasta la sede del Palacio Legislativo, en el centro de Caracas, para realizar su trabajo parlamentario. «La sentencia del TSJ es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige con tachar un párrafo», advirtió Borges para luego añadir que el alto tribunal pretende «maquillar un muerto».

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