Choque de trenes entre May y la UE por el Ulster

En su borrador sobre el proceso de salida de Reino Unido, los Veintisiete proponen que se mantenga la unión aduanera entre las dos Irlandas. La «premier» censura la propuesta por amenazar la integridad británica.

Bruselas ha decidido poner a Downing Street ante el espejo de sus contradicciones. Dos días antes de que Theresa May pronuncie su esperado discurso sobre la relación futura entre Reino Unido y sus todavía socios, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, hizo público ayer el primer borrador legal del divorcio: 169 artículos y 120 páginas con un polémico protocolo sobre la situación de Irlanda del Norte que amenaza con dinamitar las complicadas negociaciones. Los Veintisiete proponen la única solución que les parece factible: Irlanda del Norte quedaría dentro de la unión aduanera como modo de evitar una frontera dura en el Ulster que ponga en peligro el Acuerdo de Viernes Santo. Esto implica que la libre circulación de bienes entre ambas Irlandas estaría condicionada al cumplimiento por Belfast de las normas europeas que rigen el mercado único y el control directo del Tribunal de Justicia de la UE. Según el borrador publicado ayer, para Bruselas esta zona común «debe consistir en una zona sin fronteras internas en la que se garantiza la libre circulación de mercancías y se protege la cooperación Norte-Sur».

De esta manera, Irlanda del norte se convertiría en una suerte de protectorado europeo en suelo británico y la frontera dura en el Ulster quedaría sustituida por un nuevo límite legal y físico en el mar del Norte. Un escenario que genera urticaria en los «brexiters» duros, atenta contra la promesa de May de no poner en cuestión la integridad constitucional del país y se hace imposible de aceptar para los unionistas británicos norirlandeses. Ante el inminente vendaval político al otro lado del Canal de la Mancha, Barnier se afanó en mostrar su cara más conciliadora. «No hay arrogancia por mi parte como he leído en algún lado. Ninguna. Hay respeto enorme.

Conozco el orden constitucional británico y desde luego que lo respetamos. Y al hacerlo, y evidentemente sin entrar en los debates de cocina interna políticos en Reino Unido, intentamos buscar soluciones con respeto a las leyes», aseguró.

La respuesta de May no se hizo esperar. La «premier» aseguró ayer en el Parlamento que no aceptará el borrador. «Si fuera implementado, podría perjudicar el mercado común de Reino Unido y amenazar la integridad constitucional de Reino Unido al crear una frontera aduanera y regulatoria en el mar de Irlanda y ningún primer ministro de Reino Unido podría alguna vez estar de acuerdo con eso», puntualizó. «Dejaré mi postura bien clara al presidente [de la Comisión Europea, Jean-Claude] Juncker y a otros», añadió durante la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, donde el ambiente es realmente tenso ante la posibilidad de que la oposición laborista pueda apoyar la enmienda presentada por los «tories» rebeldes proeuropeos a la ley de comercio para dejar al país en la unión aduanera.

May se encuentra en una posición complicada porque cuenta con la presión del Partido Democrático Unionista (DUP), del que depende para gobernar tras haber perdido la mayoría absoluta. Los unionistas se niegan a que, para mantener una unión aduanera entre el norte y el sur de Irlanda, la frontera comercial quede fijada entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

De ninguna manera quieren que la provincia tenga una regulación distinta al país, por lo que May está atada de pies y manos para negociar este punto con Bruselas. Si el DUP le retirara su apoyo, no podría gobernar. De momento, la propuesta de Bruselas es tan sólo eso. Barnier está dispuesto a retirar este protocolo si Reino Unido ofrece una mejor solución. Pero este ofrecimiento es un caramelo envenenado. May tiene sobre la mesa dos opciones: o aceptar mañana que la relación futura pasa por la unión aduanera tal y como ya ha propuesto el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, o sacar un conejo de la chistera. Esta última posibilidad parece remota. Aunque Reino Unido ha planteado la opción de utilizar controles electrónicos para regular el transporte de mercancías entre las dos Irlandas y así evitar una frontera dura, nunca ha presentado una propuesta detallada y Bruselas considera «pensamiento mágico» las ideas esbozadas hasta el momento. En sus preguntas a Barnier, la prensa británica presente en la sala considera que Bruselas está presionado a Londres para que acepte la unión aduanera. El político francés lo niega, pero avisa: «Jamás me tiro faroles. Es una ilusión pensar que la UE puede aceptar una lista de la compra con caprichos. Reino Unido sabe lo que somos porque lo hemos sido juntos, conoce las reglas, y quedarse con sólo lo que les gusta no es posible». Irlanda no es el único escollo. Reino Unido abandonará la UE en tan sólo 13 meses y las posturas sobre el periodo transitorio no pueden ser más divergentes. Bruselas quiere que durante este periodo los ciudadano europeos sigan teniendo los mismos derechos, que este lapso de tiempo quede acotado a 20 meses y que Reino Unido acepte no sólo las normas vigentes hasta el momento sino también la nueva regulación que vaya entrando en vigor durante este periodo. Londres prefiere que los ciudadanos europeos que lleguen a partir del 29 de marzo de 2019 tengan una situación diferente a lo que ya estén en territorio británico.

Con todo, May sí estaría dispuesta a que los comunitarios que lleguen a Reino Unido durante el proceso de transición tengan derecho a establecerse permanentemente en el país. La concesión, publicada ayer por "The Guardian"tras la filtración de un documento del Ministerio del Interior, deja en claro que los inmigrantes de la UE que lleguen después de marzo de 2019, fecha en la que está prevista la salida del bloque, recibirán un permiso de residencia temporal de cinco años y no el de dos

años propuesto previamente por el Ejecutivo británico.

No obstante, el informe señala que los comunitarios que vengan a vivir y trabajar durante este plazo de implementación no tendrán los mismos derechos una vez que termine esta etapa para traer a sus familiares, a diferencia de aquellos comunitarios que ya están residiendo en Reino Unido. En su lugar, aquellos que vengan durante la transición, para traer a los suyos tendrán que pasar una prueba de umbral de ingresos mínimos de alrededor de 18.600 libras (unos 21.000 euros) para ciudadanos británicos, pero no para ciudadanos de la UE.