May tendrá tres días para presentar un «plan B» si pierde la votación del Brexit

Hasta ahora, la «premier» se limitaba a anunciar la salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo.

La «premier» Theresa May pierde el control sobre el Brexit. Hasta ahora, amenazaba con que si los diputados no aprobaban el acuerdo de retirada pactado con Bruselas, sacaría de todas maneras a Reino Unido de la UE sin ningún tipo de pacto. Pero las reglas del juego han cambiado y todas las opciones vuelven ahora a estar encima de la mesa.

La Cámara de los Comunes aprobó ayer, por 308 a favor frente a 297 en contra, la enmienda presentada por el diputado «tory» rebelde Dominic Grieve, que obliga al Gobierno a ofrecer un «plan B» en tres días, si el acuerdo de salida es rechazado el próximo martes cuando se presente a sus señorías. Asimismo, los diputados podrán enmendar la alternativa, lo que significa que pueden proponer distintas opciones para afrontar el divorcio, entre ellas, un nuevo referéndum o el modelo «Noruega Plus», que dejaría al país dentro del Mercado Único.

El enorme varapalo para May protagonizó el primero de los cinco días de debate que existirán en Westminster de cara a la votación clave del pacto, después de que la «premier» aplazara sus planes en el último momento el pasado mes de diciembre ante la falta de apoyos entre sus filas conservadores y socios unionistas del Partido Democrático del Ulster (DUP).

En caso de que la mayoría de los parlamentarios lograran ponerse de acuerdo ante alguna de las alternativas –donde también se incluye elecciones anticipadas–, su decisión no sería vinculante. En otras palabras, el Ejecutivo no estaría obligado por ley a obedecer a la Cámara Baja. Pero se antoja imposible que cualquier primer ministro actúe en contra de Westminster, que estos días atraviesa la peor crisis institucional de la historia reciente.

En un principio, en caso de perder la votación sobre el acuerdo de retirada, May contaba con 21 días para hacer una declaración sobre sus futuras intenciones y debía someterla a la aprobación de la Cámara de los Comunes en los siguientes siete días hábiles. Pero sus señorías acordaron ayer acelerar el proceso y obligar a la «premier» a presentar esos planes alternativos antes del próximo 21 de enero. No hay tiempo que perder. Según el calendario oficial, los británicos deben abandonar el bloque el próximo 29 de marzo.

El artífice de la enmienda aseguró que si May pierde la votación la próxima semana –como todo indica–, en lugar de regresar a Bruselas para intentar renegociar, lo sensato es mantener un «diálogo serio» con los parlamentarios. Grieve, que fue fiscal general del Estado, también fue el responsable de presentar en su día la enmienda que obliga ahora precisamente a May a someter a votación el acuerdo pactado con Bruselas en Westminster para su ratificación.

Ofertas desesperadas

La derrota de ayer para la primera ministra fue la segunda en menos de 24 horas después de que el martes por la noche los «tories» pro UE apoyaran otra enmienda al proyecto de ley que promulga el Presupuesto para evitar que el Ejecutivo pueda subir ciertos impuestos y tomar otro tipo de medidas financieras sin autorización de los Comunes, en caso de una salida abrupta.

Antes de que comenzara el debate, tuvo lugar la sesión rutinaria de los miércoles de preguntas a la jefa de Gobierno. En un intento desesperado por recabar apoyos, May prometió que el Parlamento podrá votar sobre si alargar el periodo de transición o activar la salvaguarda para evitar una frontera dura en Irlanda, si Reino Unido y la Unión Europea no han llegado a un acuerdo comercial para finales de 2020. No obstante, la líder «tory» no especificó si contaba con el visto bueno de la UE. Asimismo, prometió que se daría al Parlamento de Irlanda del Norte el poder de votar sobre las nuevas reglas comunitarias que afecten a la provincia si el polémico «backstop» entra en vigor. Pero los norirlandeses del DUP, de cuyo apoyo depende el Gobierno en minoría, tacharon los compromisos de «irrelevantes» y «superficiales» al no ser legalmente vinculantes.

El asunto de la salvaguarda irlandesa es el principal escollo que existe para apoyar el acuerdo de retirada. Esta disposición establece que, de no haber un acuerdo comercial bilateral al término del periodo de transición –en diciembre de 2020–, todo Reino Unido formaría una unión aduanera, pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo. Una posibilidad que repele al DUP, por considerar que pone en riesgo la integridad territorial del país.