México se desangra

Más de 2.400 homicidios al mes, uno cada 16 minutos. Los mexicanos cerrarán este año como el más violento de su historia, con estadísticas de un país en guerra.

El año 2017 terminará en México como el más violento desde que se tienen registros y los datos son contundentes: más de 2.400 homicidios al mes, 80 al día, uno cada 16 minutos. Unas cifras propias de un país en guerra. Una guerra silenciada que el Gobierno declaró al narco hace más de diez años y que hoy parece estar lejos de terminar. Desde entonces, se ha logrado descabezar a los principales cárteles del narco y se ha utilizado al Ejército para combatirlo en las zonas más conflictivas, pero la violencia no cesa. Con el propósito de legalizar el uso policial de los militares, el pasado 15 de diciembre el Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior, una polémica medida que ha provocado la indignación y las protestas de distintos movimientos sociales.

En busca de respuestas ante esta delicada situación, LA RAZÓN acude a personalidades calificadas en la materia. El primero de ellos es Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, un organismo independiente que se encarga de contabilizar y publicar informes mensuales en materia de seguridad. Rivas reconoce que este año están teniendo más trabajo que nunca, ya que «no sólo aumentaron los homicidios, sino que es una subida general de todos los delitos». Y, ¿cómo se justifica este crecimiento sin precedentes de los delitos violentos? De acuerdo con Rivas existen varios factores: «El primero sería el efectivo descabezamiento de los líderes del narcotráfico, que ha generado un nuevo efecto: guerras intestinas y con otros cárteles por el control del territorio. Una dispersión territorial de los efectivos, que lleva también a la comisión de otros delitos», añade. Durante la presente Administración, el presidente Enrique Peña Nieto se marcó 122 objetivos dentro del mundo del narco que era prioritario capturar, y a fecha de hoy ya han sido detenidos, o abatidos, 108. Todo un éxito para un presidente al que sólo se le resisten 14 líderes, entre los que destacan Ismael Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y Nemesio Cervantes, del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos últimos son precisamente los principales generadores de violencia en el norte del país, en una guerra sin precedentes que desencadenó la recaptura del Chapo Guzmán.

El segundo factor, de acuerdo con el análisis de Rivas, es la corrupción: «Quizá es el eje transversal del problema, ya que no se combate. Vemos que se detiene a los capos del narco, pero no se investiga quiénes permitieron o facilitaron a nivel político su tarea. Si hay corrupción, el dinero que invertimos los mexicanos para combatir la violencia no impacta... porque se pierde, se roba o se malgasta». De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción redactado por Transparencia Internacional, México es el país más corrupto de América Latina. En su informe destacan que al menos el 51% de los mexicanos han tenido que sobornar a alguna autoridad pública sólo en el último año para acceder a servicios públicos. Esta extendida corrupción a pequeña escala se complementa con una sangrante red de sobornos orquestada desde las altas esferas.

Un exponente de la gravedad del problema lo protagonió el presidente en el año 2012. Peña Nieto se hizo una fotografía junto a sus gobernadores electos que le perseguirá toda la vida; cinco años después de aquella instantánea, diez de los 19 mandatarios que aparecían junto a él se enfrentan a cargos penales, han sido procesados o están bajo sospecha. En especial destaca el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien fue capturado en Guatemala después de declararse prófugo de la Justicia. A Duarte se le acusa de «haber creado una red clandestina que desvió más de 70 millones de euros del erario público» y de vínculos con el crimen organizado. En su estado, en disputa entre los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, apareció este año la fosa clandestina más grande descubierta hasta la fecha con más de 14.000 restos óseos.

La tercera causa para justificar los datos sobre la violencia en 2017, de acuerdo con Rivas, es «la impunidad. De todos los delitos denunciados en el país apenas se investiga el 7%. Los miles de delitos sin culpables suponen una invitación para seguir delinquiendo. Y esto está directamente relacionado con la última causa, que es la incapacidad de las autoridades locales para generar condiciones de paz. De primeras no dan los números». Y aquí es donde entra precisamente en juego la reciente Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso mexicano y tan duramente criticada por la oposición y organizaciones sociales nacionales e internacionales.

«Todos conocemos la magnitud del reto que enfrentamos. A pesar del gran esfuerzo realizado, muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policial propia (...) Para hacer frente a esta amenaza, el Estado se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Su despliegue no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos civiles. Hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población». Con estas palabras justificó el presidente Peña Nieto la aprobación de la Ley de Seguridad Interior durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrado el pasado 21 de diciembre. Una medida que convierte en ley el papel de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco y que muchos critican porque mantendrá a los soldados en las calles y suspenderá los derechos civiles básicos.

Uno de los grandes críticos es Alejandro Madrazo, abogado e investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). Mientras el Senado promulgaba esta ley, Madrazo fue invitado a participar en la sesión como experto en seguridad, y sus duras críticas fueron portada en varios medios mexicanos. «La estrategia militar ha fracasado, todos los datos indican que ha multiplicado la violencia. Los militares no están capacitados para hacer patrullaje y labor policial, y muchas veces actúan con una violencia que es más propia de una guerra y que sufre la ciudadanía, como ha quedado demostrado», asegura Madrazo. En la misma línea, Rivas opina que «esta ley no resuelve la capacitación necesaria para las fuerzas federales. Estuvimos en contra desde el principio porque creemos que genera incentivos perversos para que los delincuentes sigan delinquiendo».

Del otro lado encontramos a una eminencia de la política mexicana. Se trata del doctor César Camacho, actual diputado, exsenador, exgobernador del Estado de México y expresidente del PRI. Él ha sido uno de los principales defensores de esta ley, que, como recuerda a LA RAZÓN, «no es de emergencia, no viene a combatir un fenómeno contemporáneo, viene a fortalecer a las Fuerzas Armadas y dar certeza a los ciudadanos».

Pese a todo, unos y otros coinciden en que si esta ley ha sido aprobada es porque las fuerzas civiles están en clara inferioridad frente a la violencia sin límites del narcotráfico, que sentencian y ejecutan a miles de personas y exhiben sin pudor cuerpos decapitados en las calles. Por no hablar de víctimas de robos a la salida de locales, o en los cajeros automáticos, secuestros, asaltos a coches o feminicidios. Los homicidios han aumentado un 57% en los últimos tres años.

El problema llega a la hora de encontrar la fórmula que contrarreste esta situación. Para Madrazo, «se ha fallado en la formación de los cuerpos profesionales combatiendo con militares una crisis institucional, cuando habría que hacerlo por la vía civil». Por su parte, Camacho opina que «el narco se ha convertido en un crimen organizado transnacional. Es una organización criminal a la que las fuerzas públicas no han podido combatir. Es por ello que debemos confiar esta tarea al Ejército». Todavía le queda a esta ley un paso pendiente para ser aplicada en su totalidad. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina su constitucionalidad ya que, como alerta Madrazo, «viola el artículo 21 y, además, le da potestad al presidente para militarizar, sin contrapesos y sin dar explicaciones, cualquier región del país por un tiempo indefinido dando al traste con todo el diseño constitucional».

El país más peligroso para los periodistas

Los periodistas son un objetivo frecuente de las balas en México. De acuerdo con los datos del Comité de Protección a Periodistas, México es el país en donde más muertes de informadores se producen en el mundo, superando a naciones tan conflictivas como Siria, Filipinas, Irak, Paquistán y Bangladesh. Este 2017 que hoy concluye se ha llevado la vida de doce profesionales, y según los informes de la la organización Artículo 19, desde el año 2000 hasta mediados de mayo de 2017 habían sido asesinados 105 comunicadores, 48 durante el mandato de Felipe Calderón y 32 en el actual de Peña Nieto. Las investigaciones sobre narcotráfico, corrupción política, o los lazos entre ambos cuestan muy caro en este país. El último asesinato ocurrió el pasado día 19. La víctima: Gumaro Pérez Aguilando, ejecutado delante de su hijo en Acayucan, Veracruz. Gumaro había desafiado las múltiples amenazas de muerte recibidas desde hacía cinco años para ejercer su profesión.