Estados Unidos

Michael Cohen arrastra de nuevo a Trump a Manhattan para declarar en un proceso civil

Trump enfrenta varias batallas judiciales por las confesiones del que fue su abogado personal

Donald Trump ha vuelto a la Gran Manzana por segunda vez en menos de dos semanas. El expresidente ha llegado al bajo Manhattan, pero en esta ocasión se ha dirigido a la oficina de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, para enfrentarse a un proceso civil por fraude. El interrogatorio ha tenido lugar a puerta a cerrada y aunque no ha generado tanta expectación como la lectura de cargos del 4 de abril, a las puertas de la Fiscalía general del estado había un gripo de detractores que esperaban a Trump con un cartel que rezaba “nadie está por encima de la ley”.

La demanda se ha presentado contra el expresidente, su Organización Trump y tres de sus hijos (Donald Jr., Eric e Ivanka Trump) después de una investigación de 3 años. La fiscal James les acusa de participar en un esquema fraudulento que duró más de una década por el cual se proporcionaron estados financieros falsos a los prestamistas, aumentando el valor real de las propiedades, con el fin de enriquecerse. En su demanda, James asegura que el expresidente y su compañía hicieron “200 valoraciones fraudulentas, falsas y engañosas” durante 10 años de los activos de Trump. La fiscalía plantea varios ejemplos, entre ellos el edificio situado en el 40 Wall Street, justo delante de la oficina de la fiscal donde ayer prestó declaración el expresidente. La propiedad se conoce como The Trump Building y se encuentra en el corazón del distrito financiero de la Gran Manzana. Tiene oficinas y un enorme supermercado, y según las estimaciones de valor de la propiedad que obtuvo la compañía su precio de venta bien podrían ser 200 millones de dólares en 2010 y 220 millones en 2012. Pero según la fiscal James, Donald Trump infló estos valores, afirmando que la cifras procedían de “profesionales” y aseguró en 2011 que la propiedad valía 524 millones de dólares, 527 millones en 2012 y 530 millones en 2013. Nada que ver con la valoración inicial.

Otro de los ejemplos es el apartamento del expresidente en la torre Trump, en la Quinta Avenida, precisamente donde pasó la noche del miércoles y salió ayer a las 10:30 de la mañana para dirigirse al encuentro con el equipo de la Fiscalía. El señor Trump representó que sus apartamentos abarcaban más de 30,000 pies cuadrados (2.787 metros cuadrados), que fue la base para valorar el apartamento. En realidad, el apartamento tenía un área de menos de 11,000 pies cuadrados (1.022 metros cuadrados), algo de lo que el Sr. Trump era “muy consciente”, explica James en la demanda. Y añade que debido a esa descripción el valor del apartamento alcanzó un precio de 327 millones de dólares en 2016, “hasta la fecha ningún apartamento en la ciudad de Nueva York se ha vendido por cerca de esa cantidad”.

No ha sido la primera vez que los acusados y acusadores se veían las caras. El expresidente estuvo ya en Nueva York el pasado agosto prestando declaración por este mismo caso, aunque sin mucho uso para la Fiscalía. De las cerca de 500 preguntas que se le hicieron a Trump, solo respondió con monosílabos a las que hacían referencia a si conocía el funcionamiento y reglas del proceso. Para el resto de 400, Trump se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a una persona no declarar contra ella misma. En estos casos civiles en los que el acusado hace uso de esta enmienda, el jurado puede llevar a cabo lo que se conoce como “inferencia adversa”. Básicamente es la sospecha de que el silencio o la negativa a cooperar por parte del acusado se puede tomar como una insinuación de que la fechoría realmente ocurrió.

Con su acción judicial, James pide a los Trump una multa de 250 millones de dólares y que se les prohíba realizar ningún otro negocio en el estado de Nueva York. Este juicio arrancaría el próximo 2 de octubre y la declaración podría utilizarse en caso de que no estuviera disponible para comparecer. La fiscal del estado neoyorkino comenzó su investigación en el año 2019, precisamente a raíz de que el exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, testificara contra su excliente ante el Congreso. Cohen confesó que el exmandatario habría inflado el valor de ciertas propiedades para obtener mejores préstamos y habría infravalorado otros para conseguir rebajas fiscales. Se trata del mismo abogado que reveló la trama de Stormy Daniels y su presunto soborno de 130,000 que el 4 de abril sentó a Donald Trump en el banquillo de los acusados, convirtiéndolo en el primer exmandatario de este país que es imputado con cargos criminales, 34 delitos graves exactamente. Y sí, también es el mismo abogado contra el que Donald Trump presentó este miércoles una demanda federal por 500 millones de dólares alegando que había incumplido su contrato en la relación cliente-abogado.

Por si fuera poco, el próximo mes la Organización Trump tendrá que ir a juicio por cargos relacionados con la participación de la empresa en un esquema de fraude fiscal que duró 15 años. Allen Weisselberg, el que fuera su director financiero durante un largo periodo, accedió a testificar en contra de la empresa. Él mismo se declaró culpable en el juicio que tuvo lugar a principios del pasado agosto para reducir a cambio su pena. Weisselberg reconoció haber cometido 15 delitos graves y admitió que no pagó los impuestos sobre 1,7 millones de dólares en ingresos. A cambio de auto inculparse, el juez Juan Manuel Merchán, precisamente el mismo que hace 10 días imputaba a Donald Trump los 34 cargos criminales en la Corte Penal de Manhattan, redujo la sentencia del exdirector financiero a 5 meses de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional. El juez Merchán le advirtió que, si no cumplía con su parte del trato, le podría imponer “cualquier sentencia legal que en su caso incluye prisión de 5 a 15 años”.