Miles de manifestantes obligan a aplazar la Ley de extradición de Hong Kong

La Policía carga contra los concentrados y lanza gases lacrimógenos

En poco más de dos horas, y contra todo pronóstico, la policía hongkonesa ha desalojado parcialmente a los miles de manifestantes que habían salido a las calles hoy para impedir la entrada al Parlamento de los legisladores que supuestamente hoy iban a continuar con el proceso de aprobación de la ley de extradición que puede acabar enviando a fugitivos de la ex colonia británica a China. Pese a que las calles que rodean el Parlamento están ahora mismo despejadas, la victoria de hoy para los hongkoneses es que han pospuesto la votación, aunque no se sabe por ahora hasta cuándo.

Los que quedan concentrados en las calles aledañas a la Cámara, megáfono en mano y cubiertos con mascarillas y gafas para evitar las múltiples cargas de gas pimienta que las fuerzas de seguridad han lanzado, insisten en que no entra en sus planes volver a casa hasta que retiren un proyecto de ley que, a su juicio, continuará erosionando las libertades de las que hasta ahora gozaba la ex colonia británica. Para ello, el principio de “un país, dos sistemas” quedará con este ley tocado y herido casi de muerte.

La tensa calma llega después de que la Policía de Hong Kong cargara este miércoles contra miles de manifestantes que protestaban en el distrito financiero contra la reforma de la ley de extradición -que permitiría enviar a los condenados en la ex colonia británica a la China continental-. Muchos de ellos comenzaron ya a concentrarse el martes por la noche (hora local) en la zona, ocupando Harcourt Road, una importante carretera cerca de las oficinas del Gobierno, pese al fuerte despliegue de seguridad que horas antes habían ordenado las autoridades hongkonesas.

Los manifestantes acamparon, emulando la Revolución de los Paraguas de 2014, abasteciéndose de agua, comida y otros suministros, incluso médicos, amenazando con permanecer allí hasta conseguir que el Gobierno de Carrie Lam renuncie a la llamada Ley para Delincuentes Fugitivos. Al menos han conseguido que el trámite no comience hoy, como estaba previsto, ya que han impedido la llegada de los diputados a la Cámara. El Gobierno local no ha indicado para cuando pospone el debate de la norma, aunque algunas fuentes indican que lo intentarán hoy, aunque si persisten las protestas masivas el objetivo se antoja complicado.

El ex diputado Leung Kwok Hung, uno de los promotores de las protestas, instó también a los hongkoneses a ir a una huelga general hasta conseguir su objetivo. “Tenemos traidores que quieren vender Hong Kong, pero también tenemos a los hongkoneses”, arengó. En este sentido, el diputado Ip Kin Yuen contó que el Sindicado de Profesionales de la Educación estaba considerando llamar a un boicot total suspendiendo de forma indefinida las clases. La decisión, indicó, se anunciará pronto, según informa el ‘South China Morning Post’

“Es normal que haya diferencias, pero debemos confiar en nuestros compañeros”, dijo Nathan Law Kwun Chung, uno de los líderes de la Revolución de los Paraguas. “Nadie sabe cuál es la fórmula perfecta para ganar esta batalla, pero solo estando unidos podremos triunfar”, subrayó a Reuters.

Despliegue de 30.000 agentes

Las autoridades hongkonesas ya habían anticipado una protesta masiva, por lo que ordenaron un despliegue de 30.000 efectivos, un operativo de seguridad similar al que se prepara para la visita de altos cargos chinos. En un primer momento, la Policía se ha mantenido vigilante, pero finalmente ha intervenido.

Los agentes han usado gases lacrimógenos y cañones de agua para desalojar a los manifestantes de los alrededores del edificio que alberga el Consejo Legislativo. “¡Echad gasolina, hongkoneses!”, han gritado ellos, pertrechados con paraguas y gafas de buceo, animando a resistir.

De acuerdo con el ‘South China Morning Post’, los choques han alcanzado la sede legislativa. Un grupo de manifestantes se ha refugiado allí y los agentes les han seguido. Algunos diputados han asistido a los manifestantes con pañuelos y agua.

El único precedente de una carga policial así fue en 2014, cuando las fuerzas de seguridad se emplearon a fondo para poner fin a la Revolución de los Paraguas, una violenta intervención que las autoridades justificaron por la necesidad de acabar con el caos. Este es el mayor desafío al Gobierno hongkonés desde entonces. “No hemos tenido más opción que usar las armas para cesar estas protestas “, ha dicho el comisario, Stephen Lo Wai. “Esto es una evuelta ahora”, ha declarado. Tal calificación no se usó no siquiera en las protestas de Occupy de hace cinco años.

Las conductas consideradas una “revuelta” pueden ser penadas hasta con diez años de cárcel. “Condenamos este comportamiento irresponsable. No hay necesidad de hacer daño a gente inocente par expresar nuestras opiniones. Urgimos a la gente a no hacer nada que puedan lamentar el resto de sus vidas”, ha subrayado.

Un Gobierno controlado por Pekín

El Consejo Legislativo, dominado por una mayoría pro-Pekín, había anunciado horas antes de que estallaran los disturbios que la votación que estaba previsto que se celebrara este miércoles, para que la reforma legal quedara aprobada en segunda lectura, se ha pospuesto.

Lam, por su parte, ha suspendido todas las apariciones públicas que tenía programas para este 12 de junio. Debía acudir a la entrega de los premios de la 47º Exhibición Internacional de Inventos y a los actos conmemorativos por el 19º aniversario de la Bolsa de Hong Kong.

Un millón de personas protagonizaron el domingo una histórica manifestación contra la Ley para Delincuentes Fugitivos, que se cerró también con cargas policiales. Decenas de personas fueron detenidas, aunque solo unas cuantas personas siguen arrestadas.

Pese a la movilización popular en su contra, Lam ha insistido en seguir adelante. “Es una propuesta de ley muy importante que ayudará a defender la justicia y garantizar que Hong Kong cumple con su obligación internacional en materia de delitos transfronterizos y transnacionales”, ha defendido.

La jefa del Gobierno hongkonés ha recibido el firme respaldo de Pekín. El portavoz del Ministerio de Exteriores Geng Shuang ha ratificado en la rueda de prensa de este miércoles que apoya la decisión de reformar la ley de extradición, al tiempo que ha condenado cualquier interferencia extranjera.

Cerca de 80 ONG, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y Hong Kong Human Rights Watch, enviaron la semana pasada una carta a Lam en la que pedían a la líder hongkonesa “parar inmediatamente su plan para enmendar la legislación” actual.

De aprobarse, Hong Kong podría entregar a Pekín a cualquier persona que se encuentre en el territorio, aunque sea “meramente de paso”, por su posible implicación en una serie de delitos, para lo cual las pruebas solo tienen que alcanzar el nivel “prima facie”.

“Los cambios propuestos ponen en peligro a cualquiera que esté en el territorio de Hong Kong y que haya llevado a cabo trabajos relacionados con la China continental, incluidos defensores de los Derechos Humanos, trabajadores de ONG, trabajadores sociales y periodistas”, han alertado los firmantes.

Han recordado que China tiene “un pobre registro en Derechos Humanos”, por lo que los extraditados se arriesgarían a torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o “juicios injustos” en los que podrían ser condenados a pena de muerte, informa Ep.