Moldavia no se fía de Rusia y suspende el acuerdo que limita el número de tropas extranjeras y armas en su territorio

Moldavia se toma en serio las amenazas de la Rusia de Vladimir Putin. Chisinau ha anunciado este miércoles que suspende la aplicación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), un acuerdo que limita el despliegue de tropas extranjeras en su territorio. La decisión responde a los «cambios fundamentales» que se han producido en materia de seguridad desde la firma del acuerdo en noviembre de 1990, según recoge en un comunicado el Ministerio de Defensa.

La presidenta Maia Sandu deberá ratificar la suspensión del pacto suscrito entonces por 16 miembros de la OTAN y seis integrantes del Pacto de Varsovia que buscaba limitar los despliegues militares de cada bloque en el este de Europa y el Cáucaso. El Gobierno moldavo ha indicado que la medida entrará en vigor 150 días después de que dichos Estados sean puestos al corriente de la decisión.

Hasta la fecha son 21 los países que han suspendido un acuerdo que limita el número de carros de combate, vehículos blindados, cazas, helicópteros y artillería pesada de los países signatarios. En esa lista de renegados figura Rusia. El pasado mes de noviembre, el Kremlin dejó de suscribir los términos de un pacto que nunca llegó a cumplir en el marco de su progresiva desvinculación de acuerdos internacionales a raíz de la invasión de Ucrania.

El texto contemplaba la retirada de las tropas rusas de Georgia y Moldavia, estacionadas respectivamente en las regiones separatistas de Abjasia y Transnistria, respectivamente. Pero Rusia nunca estuvo dispuesta a acatar esta cláusula. El pasado mes de noviembre, los aliados de la OTAN firmantes del FACE señalaron su intención de suspender la aplicación del acuerdo tras la retirada de Moscú. El Gobierno moldavo, sin embargo, no descarta volver a suscribir lo firmado en el futuro.

La decisión de Chisinau se ha producido una semana después de que el Parlamento de la prorrusa Transnistria pidiera protección a Rusia«ante la creciente presión de Moldavia», presidida por la prooccidental Maia Sandu. Las autoridades de esta región separatista aprovecharon la ocasión para recordar al Kremlin que «más de 220.000 ciudadanos rusos» residen en este enclave, que no alcanza el medio millón de habitantes.

Transnistria, que rompió lazos con Moldavia tras un sangriento conflicto armado en 1992 en el que contó con el respaldo de Rusia, tiene desplegados unos 2.400 soldados rusos en su territorio, además del arsenal soviético, estimado en su momento en unas 40.000 toneladas de armas y municiones. Moldavia defiende la integración de los dos territorios, divididos por el río Dniéster, pero los separatistas prorrusos mantienen su rechazo.

Injerencia rusa

Moldavia, que comparte frontera con Ucrania y Rumanía, y que obtuvo el estatus de candidata a la Unión Europea en 2022, tiene previsto celebrar un referéndum nacional sobre su adhesión a los Veintisiete. Mientras que las elecciones presidenciales, en las que Sandu se juega la reelección, tendrán lugar en otoño. En este contexto, la agencia nacional de inteligencia de Moldavia ha advertido de una injerencia rusa «sin precedentes». Los Servicios de Inteligencia y Seguridad (SIS) publicaron un informe en el que afirman haber recopilado datos que indican que Moscú planea lanzar ataques híbridos contra Moldavia hasta 2024-2025 para intentar que la antigua república soviética vuelva a estar bajo su órbita.

El jefe del SIS, Alexandru Musteata, dijo el martes en rueda de prensa que Rusia intentó socavar los comicios democráticos de este año en el país del este de Europa. «Hay información sobre un intento de comprometer el referéndum sobre la integración europea, las elecciones presidenciales, para denigrar a las instituciones y a los candidatos que promoverán la idea de la integración europea», explicó.

Según el informe, parte de la estrategia rusa consistiría en el «amplio uso de las redes sociales», como Telegram y TikTok, para respaldar a figuras políticas prorrusas, crear crisis sociopolíticas y económicas, alentar protestas antigubernamentales, así como provocar «enfrentamientos sociales para incitar al odio interétnico», además de extensas campañas de desinformación.