La muerte de Nahel reabre el debate en Francia sobre el uso de armas de fuego por parte de la Policía

El disparo que segó el pasado martes la vida de Nahel en el suburbio parisino de Nanterre provenía del arma de un agente de policía. El joven de 17 años y de origen argelino fue abatido después de saltarse un control de tráfico, según la versión del fiscal del distrito. El abogado del agente, Laurent-Franck Lienard, dijo 48 horas después del presunto asesinato que su cliente apretó el gatillo “respetando plenamente la ley”. Insistió ante el juez en que el agente “no actuó fuera del marco legal”.

Sin embargo, el policía permanece en prisión preventiva, acusado de homicidio voluntario. Mientras, el país se sume en el quinto día consecutivo de disturbios en las calles.

Es el tercer homicidio que se produce durante un control policial de tráfico en lo que va de año en Francia. En 2022, fueron 13 las víctimas mortales, en su mayoría negros o árabes, según los datos oficiales. Este tipo de sucesos suele tener lugar en las famosas banlieues, los suburbios exteriores de las ciudades francesas que albergan a las franjas de población más vulnerables. Son los sectores marginales y marginados de la sociedad, que registran altos niveles de desempleo y delincuencia.

Fue en uno de estos suburbios donde, en 2016, un agente sufrió graves quemaduras y fue sometido a un coma inducido después de que un grupo de jóvenes lanzara cócteles molotov contra su coche patrulla.

Los sindicatos policiales exigieron, como exigen ahora en el marco de los disturbios, una respuesta contundente por parte del Gobierno. Y en respuesta, el entonces ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, se comprometió a modificar la ley sobre el uso de armas de fuego en el estamento policial. Meses después, en marzo de 2017, entró en vigor el artículo 435-1 del Código Penal, que autoriza a los agentes a disparar en cinco escenarios concretos. Entre ellos, en el que se vio inmerso el joven Nahel.

Cuando el conductor de un vehículo o sus ocupantes ignoran una orden de detenerse, se considera que suponen un riesgo para la vida o la seguridad física del agente o de otras personas. Por lo tanto, la policía puede hacer uso del arma de fuego reglamentaria. Cazeneuve ha salido esta semana en defensa de la legislación que sacó adelante en su etapa en el Gobierno, asegurando que “no autoriza en absoluto a los agentes a disparar en cualquier momento”.

No obstante, un estudio demostró el año pasado que los disparos mortales de la policía contra conductores de vehículos en marcha se habían multiplicado por cinco desde la aplicación de la ley. De hecho, de las 39 personas muertas a manos de la policía en 2022, 13 eran conductores que fueron abatidos, como Nahel, por no acatar las órdenes.

Los críticos de esta ley denuncian la “amerizanización” de la policía sostienen que el aumento de este tipo de incidentes es consecuencia directa del artículo 435-1, que, según ellos, es inconcreto porque deja en manos de los agentes la capacidad de determinar si la negativa del conductor a acatar la orden supone un riesgo serio para la seguridad. Entre otras voces críticas, el líder de la extrema izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon asegura que la ley concede a los agentes el “derecho a matar”.

Por su parte, el actual ministro del Interior, Gérald Darmanin, uno de los hombres fuertes del gabinete del presidente Emmanuel Macron, ha rechazado de plano las críticas esta legislación y ha insistido en que la policía ha matado a menos personas desde 2017. Sin embargo, un estudio del portal de investigación Basta puso en cuestión la versión de Darmanin. Mientras que 27 personas fueron asesinadas por la policía en 2017, la cifra aumentó a 40 en 2020 y volvió a hacerlo en 2021 hasta alcanzar las 52.