Una mujer tala un árbol centenario de su jardín y acaba con una multa de más de 133.000 euros

Claire Rands, madre de cuatro hijos y exdirectora de una empresa tecnológica, ha sido condenada por la justicia británica a pagar más de 133.000 euros tras talar ilegalmente un árbol centenario en su propiedad de Newport, Gales del Sur. El fallo, emitido por el Tribunal de la Corona de Newport, pone de relieve la firme defensa legal del patrimonio natural en Reino Unido.

El árbol, un tilo de 21 metros de altura, estaba protegido por una orden de preservación desde hace más de una década. Pese a haber presentado hasta seis solicitudes para retirarlo, todas denegadas, Rands decidió contratar a terceros para ejecutar la tala, ignorando deliberadamente la normativa vigente.

La sentencia llega tras un proceso judicial que se prolongó durante 13 años. El tribunal consideró que la acusada actuó con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, motivada por el deseo de aumentar el valor de su vivienda, estimado en unos 60,000 euros adicionales.

Durante el juicio, Rands alegó preocupaciones de seguridad tras un incendio en terrenos vecinos, pero la jueza Celia Hughes desestimó esta justificación, calificando la actuación como “deliberada y arrogante”. La condena incluye una multa de 18 460 euros más 115.370 euros en gastos judiciales.

El árbol, situado cerca de una reserva natural, había pasado desapercibido durante años hasta que las autoridades detectaron su ausencia. Hoy, el fallo judicial se convierte en un recordatorio firme de que el respeto por el entorno no es opcional, sino una obligación legal y ética.

El abogado Timothy Straker, en representación del Ayuntamiento de Newport, subrayó que “causar o permitir la destrucción de un árbol protegido es un delito penal”. La organización Tree Law UK celebró el fallo como un precedente que refuerza la protección de árboles históricos y responsabiliza incluso a quienes delegan la tala en terceros.

Rands, que alegó depender económicamente de su esposo, fue considerada por el tribunal como una persona con “capital significativo”, lo que influyó en la severidad de la sanción.