Nuevo portazo de Salvini a los migrantes

Bruselas urge a los países a un acuerdo temporal que permita el desembarco de refugiados en Europa tras el naufragio esta semana donde murieron más de 115 personas. Italia rechaza acoger un buque con 135 subsaharianos.

Los puertos italianos están cerrados para las ONG, pero también para los barcos militares de este país que socorran a personas en el mar. Ayer un buque de la Guardia Costera navegaba con 135 migrantes a bordo, a la espera de recibir instrucciones para atracar. El vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, dijo que había ordenado impedir que llegaran a sus costas antes de que el resto de países europeos firmara un acuerdo para su redistribución.

La estrategia del líder ultraderechista es conocida. Pero no podrá llevar muy lejos su órdago, puesto que ya ha sido acusado en una ocasión por secuestro de personas al obligar a más de un centenar de migrantes a permanecer en un barco militar durante días. En términos legales, viajar en una nave italiana es equivalente a haber pisado ya territorio nacional.

Medio centenar de estos migrantes habían sido salvados la noche del miércoles al jueves por un modesto pesquero italiano cerca de Malta. Desde la embarcación solicitaron permiso a las autoridades maltesas para llevarlos a sus puertos, pero éstas lo denegaron. Sin capacidad para mantener a los rescatados a bordo, fueron transferidos al barco «Gregoretti» de la Guardia Costera, que más tarde prestó auxilio a otras 91 personas. En total son 135 náufragos los que esperan una decisión sobre su destino.

La Comisión Europea reconoció ayer que había recibido una petición de Italia para que el resto de países asumieran una cuota de estos migrantes. En realidad, Italia lleva años presionando para que haya un compromiso automático para la recolocación, pero legalmente sigue vigente el Tratado de Dublín, que establece que estas personas deben permanecer en el primer país europeo en el que han tocado tierra. Lo que ha conseguido Salvini con su política de cerrar los puertos es que este mecanismo cambie, por lo que fuerza al resto de Estados a quedarse con una parte cada vez que hay un episodio de este tipo. Se trata de soluciones improvisadas, que no se basan en ninguna resolución.

Precisamente, esta semana 14 países europeos se reunieron en París, bajo patrocinio de Emmanuel Macron, para abordar este tema en un encuentro informal. El grupo se comprometió a que se estableciera un protocolo para la reubicación de los rescatados, aunque reclamó que cada vez que hubiera una emergencia en el mar los migrantes debían ser trasladados al puerto seguro más cercano. Es decir, Italia o Malta. Como acostumbra en cada ocasión que hay una cita europea a nivel ministerial, Salvini no acudió. Y más esta vez que el anfitrión era Macron, su enemigo número uno en el contexto europeo. El ministro del Interior italiano se limitó a decir que su país «no es una mujer de compañía de Macron, que convoca con tres o cuatro días de antelación a los ministros para firmar un documento suyo que prevé que los desembarcos se realicen solo en Italia».

La portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, dijo ayer que es «urgente» encontrar una solución para permitir el desembarco de los últimos 135 rescatados, sobre todo teniendo en cuenta que el día anterior se había producido en el Mediterráneo la peor tragedia en los últimos dos años, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Este organismo dio por desaparecidas a unas 150 personas tras un naufragio cerca de la costa libia. Más tarde, las autoridades libias, que se encargaron de la operación, confirmaron que habían rescatado a 132 migrantes, pero que no habían podido hacer lo propio con otros 116.

En estos momentos no hay ninguna ONG vigilando la ruta que va de Libia a Italia, que sigue siendo la más mortal, con 683 fallecidos este año, según datos de la Organización Mundial de las Migraciones. Y tampoco los barcos militares europeos patrullan ya la zona. Las presiones de Salvini para impedir que los migrantes desembarcan en su país provocaron que la UE dejara sin medios a la misión Sophia, que se encargaba de perseguir a los traficantes.

Hasta ahora, la alternativa italiana ha sido descargar la responsabilidad sobre los guardacostas libios y que estos enviaran de vuelta al país norteafricano a quienes rescataran en el mar, pese a que organizaciones como la ONU o la UE han subrayado que Trípoli no es un puerto seguro. Ayer, ACNUR reiteró que los países europeos deben reanudar las tareas de rescate y pidió que las ONG «no sean criminalizadas».