La ONU constata posibles crímenes de guerra contra los alauíes en Siria

La comisión de la ONU que investiga la situación en Siria ha concluido que las fuerzas vinculadas al nuevo Gobierno, dominado por los islamistas de Hayat Tahrir al Sham (HTS) y otros grupos afines pudieron haber cometido crímenes de guerra por la violencia "sistemática2 ejercida a principios de año contra la comunidad alauí. Los alauíes son un grupo religioso -emparentado con el islam chií- que representa aproximadamente el 10% de la población siria, a él pertenece el clan familiar del depuesto presidente Bachar al Asad y pertenecían la mayor parte de altos cargos militares y de las fuerzas de seguridad del régimen anterior.

La tentativa de insurrección llevada a cabo contra las nuevas autoridades sirias por parte de grupúsculos armados leales al depuesto régimen en sus antiguos bastiones costeros de Latakia y Tartús -únicas demarcaciones sirias de mayoría alauí- fue severamente aplastada por las fuerzas gubernamentales a comienzos del pasado mes de marzo. Con la aquiescencia o no del ejecutivo interino, la respuesta "a gran escala" del mando militar provisional y grupúsculos y simpatizantes de corte yihadista derivó en una sucesión de ejecuciones de civiles, la gran mayoría de ellos alauíes -a quienes se acusa de haber apoyado durante décadas la dictadura de los Asad-, en las demarcaciones de Latakia, Tartús y Hama.

Cerca de 1.500 muertos

La citada comisión de investigación de Naciones Unidas estima que en torno a 1.400 personas, la mayor parte de ellas civiles, murieron en un estallido de violencia que tuvo como víctima principal a la comunidad alauí (aunque también perdieron la vida miembros de milicias islamistas suníes). Otras investigaciones elevan la cifra solo de víctimas civiles alauíes hasta las 1.500.

Hasta el reciente enfrentamiento entre fuerzas beduinas y drusas en la provincia meridional de Sueida el pasado julio había sido el peor estallido de violencia sectaria en Siria desde la caída del régimen de Asad. La gravedad de lo ocurrido empujó a las autoridades interinas sirias lideradas por el autoproclamado presidente Ahmed al Sharaa a crear una comisión de investigación.

Transcurridos más de cinco meses de los peores episodios, los investigadores de la comisión de Naciones Unidas hicieron ayer público un nuevo informe -basado en más de 200 entrevistas y visitas a fosas comunes- en el que dan cuenta de casos de asesinatos, torturas, saqueos e incendios entre los meses de enero y marzo, en algunos casos para grabar y difundir las imágenes con el objetivo de terminar de humillar a las víctimas.

La comisión detectó patrones que se repiten y que empezaban en algunos de los casos por identificar a los hombres que pudiesen formar parte de la minoría alauí para, una vez separados de mujeres y niños, asesinarlos a sangre fría. Sus cuerpos quedaban durante días a la intemperie o eran enterrados en fosas comunes.

Además, los autores del informe siguen recibiendo información que hace temer que sigan produciéndose secuestros, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas en las áreas afectadas por la violencia sectaria, desde donde ha surgido un "clima de miedo e inseguridad" que se extiende a todo el país.

La ONU urge a adoptar medidas para evitar nuevas matanzas

Aunque constata en el informe que la administración interina de Siria respondió de manera "constructiva" a las recomendaciones planteadas en anteriores investigaciones -desde su llegada al poder el presidente Ahmed al Sharaa han defendido la necesidad de construir un país para todos sin discriminaciones sectarias, el grupo hace hincapié en la "urgencia" de adoptar medidas para evitar nuevos brotes de violencia intercomunitaria en Siria.

No en vano, el pasado mes de julio la provincia de Sueida fue escenario de una nueva escalada en la que perdieron la vida unas 1.500 personas. En esta ocasión los choques se produjeron entre milicias beduinas -islamistas suníes- y grupos armados drusos, comunidad mayoritaria en la citada provincia del sur de Siria.

"La magnitud y la brutalidad de la violencia es muy preocupante", asegura el jefe de esta comisión, Paulo Sérgio Pinheiro, quien instala a las actuales autoridades a garantizar la rendición de cuentas y a favorecer el procesamiento de todos los responsables de abusos, "sin importar su afiliación o cargo". A su juicio, las decenas de detenciones llevadas a cabo durante estos últimos meses aún son insuficientes.

Los expertos reclaman el cese inmediato de cualquier persona sospechosa y controles más estrictos para que ningún responsable de abusos pueda entrar en el futuro a integrar las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno, que hasta ahora ha declinado valorar el trabajo de la comisión de Naciones Unidas.